El Gobierno acordó con los sindicatos una oferta de 15.000 puestos de trabajo, entre 2017 y 2018. Los representantes sindicales celebran una convocatoria que va mucho más allá de cubrir las vacantes de los últimos años, cuando la tasa de reposición de funcionarios fue inferior al 100%. De hecho, la Administración General del Estado volverá a crear nuevos empleos, cuyas cifras exactas están por concretarse, y también reactivará la promoción interna.
Puede hablarse, por tanto, de una oferta laboral propia de años anteriores a la crisis; de hecho, si a ella se suman las próximas convocatorias autonómicas y municipales, la plantilla del sector público superará otra vez los tres millones de personas. Hacienda justifica este paso en la indudable mejoría que presenta la coyuntura económica, en unos momentos en que el PIB crece por encima del 3,5% y la recaudación fiscal avanza cerca de un 9%.
En consecuencia, resultan comprensibles gestos como la elevación del techo de gasto presupuestario o la reanimación del empleo público. Ahora bien, deben hacerse sin perder de vista cuál es la verdadera situación de las Administraciones. Empezando por la Seguridad Social, a sus abultados números rojos se ha sumado, el mes pasado, la necesidad de emitir deuda para complementar los exiguos recursos del Fondo de Reserva.
En lo que respecta al Estado, precisamente el protagonista de la nueva oferta de empleo, ni la abundante recaudación fiscal le impide rebasar, ya en mayo, la cifra de déficit prevista para todo 2017. Existen, por tanto, razones de peso para que toda elevación del gasto público se haga con cautela, sin correr el riesgo de volver a crear una fuente de inestabilidad para el conjunto de la economía.
