España cumplió en 2016 con nota su tarea de reducción del déficit público, al arrojar unos números rojos inferiores a 4,6% del PIB comprometido con Bruselas. Este año, la meta aún es exigente (llegar al 3,1%), pero los pronósticos que ya se manejan, especialmente los elaborados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), muestran que es posible un nuevo éxito.
El presente será otro año de crecimiento récord de la economía, lo que catapultará la recaudación fiscal. Además, cada nivel de la Administración tiene sus propios impulsores: los ayuntamientos, el superávit acumulado durante años; las autonomías, las liquidaciones a cuenta del sistema de financiación y el Estado, la recuperación de los pagos anticipados de Sociedades.
Ahora bien, se equivoca quien dé por cerrada la época de apuros en las cuentas públicas. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, lanzó una oportuna advertencia, incidiendo en que el gran problema estructural de la economía española, su elevado y rápido envejecimiento, sigue plenamente vigente.
Como Linde advierte, la financiación de partidas como las sanitarias, las relacionadas con la dependencia y, sobre todo, las que sostienen a las pensiones requerirán "ajustes de gran magnitud durante años". La manera idónea de afrontar un desafío de esta envergadura pasa por acometer una nueva y ambiciosa reforma de la Seguridad Social.
El regreso del PSOE, sin embargo, a una postura de oposición cerrada al Gobierno impide ser optimistas sobre la posibilidad de acuerdos. En consecuencia, la única opción realista continúa siendo la disciplina y el control estricto del gasto público en todas las Administraciones.
