El sector de la energía nuclear afronta fechas cruciales, e inminentes, en España. La licencia de explotación de estas centrales se renueva cada 10 años, pero la prórroga debe solicitarse tres años antes de expirar el permiso. Como consecuencia, las eléctricas tendrían que pedirlo para Almaraz I a principios del mes que viene y para Vandellòs II, el 26 de julio. Ahora bien, el Gobierno prepara un cambio legal con objeto de que la solicitud pueda aún demorarse dos años, como demandaban varias eléctricas.
Se trata de una reclamación lógica, por los cambios que ha experimentado el escenario nuclear español en los últimos años, con nuevas perspectivas sobre la evolución de los precios en el mercado energético y el incremento de la presión fiscal que soporta el sector. Por tanto, actúan nuevos factores y las empresas necesitan más tiempo para evaluar la rentabilidad de unas inversiones tan cuantiosas. Pero aún hay implicados aspectos de mayor alcance. La concesión de los permisos entraña que Almaraz y Vandellòs rebasarán el límite de 40 años que se consideraba en nuestro país el máximo de vida útil de una planta nuclear.
Se trata de una decisión de gran calado que supondría reservar a este tipo de plantas un papel de peso en la combinación de fuentes de energía (el mix energético) que abastecerán a España, en el entorno de los años 2030 y 2050. Tomar una decisión así, a tan largo plazo, resulta muy arriesgado en el momento actual, cuando gran parte de los partidos representados en el Parlamento abogan por cerrar las centrales nucleares. Lo que está por decidirse, por tanto, es el futuro de este tipo de energía en nuestro país, un debate que debe abordarse con suficiente tiempo, evitando precipitaciones.
