Tras reestructurar y cerrar parte del entramado societario, el Canal de Isabel II encargará una auditoría para evaluar los activos que tiene en Latinoamérica. Según la compañía, la intención es conocer el valor de los mismos para posibles desinversiones o ventas. Pero más allá del sentido empresarial, la medida que la actual directiva toma es indicada ante el daño que la empresa padece al verse envuelta en el presunto desvío de fondos y blanqueo de capitales orquestado por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
La Justicia estima que fue precisamente la red al otro lado del Atlántico desde donde se llevaban a cabo los delitos. Por tanto, conocer la realidad de esas firmas es un primer paso para recuperar el buen nombre del Canal.
