El mercado hipotecario español atraviesa una gran incertidumbre que va mucho allá de la polémica sobre las famosas cláusulas suelo. De hecho, la aplicación de cualquiera de las disposiciones habituales de este tipo de préstamos es susceptible de ser declarada abusiva por un juez. No en vano, el Tribunal de Justicia de la UE conminó, en enero, a los magistrados españoles a que revisen todas las cláusulas del contrato, incluso las que no impugnó el cliente o las que nunca se activaron durante la vida del préstamo.
Sin duda, el Tribunal busca la mayor protección para el consumidor, pero es innegable que dejó abierto un amplio abanico de cuestiones por resolver. El Gobierno da un paso decisivo para aclararlo, aprovechando la necesidad de trasponer la directiva europea sobre crédito bancario, cuyo adaptación va con retraso. Así, define, con mayor pormenor que nunca, las obligaciones de las entidades en la fase previa a la firma del contrato.
Éstas tendrán que explicar con detalle las consecuencias de las cláusulas más importantes e incluso harán simulaciones sobre los pagos futuros del cliente. Además, una vez que este último reciba la oferta en firme tendrá siete días para, si lo desea, acogerse al asesoramiento gratuito de un notario. Pero, aunque no se haya solicitado ese servicio al fedatario público, éste estará obligado a cerciorarse que se cumplieron todos los requisitos de la fase precontractual y, en caso de no ser así, deberá paralizar la firma de la hipoteca. Los notarios, por tanto, ya no se limitarán a dar fe de que se celebró un contrato, sino que adoptarán un papel mucho más activo, necesario para disipar la incertidumbre en que se sume un pilar económico tan fundamental como el mercado hipotecario.