El decreto-ley de reforma de la estiba llegó ayer al Congreso para buscar su convalidación. Era imposible ser optimistas, considerando que los sindicatos rechazaron la última oferta de acuerdo del Gobierno, basada en un plan de prejubilaciones. Si las centrales se encastillaban, era claro que el PSOE se alinearía con ellas. No en vano, los líderes socialistas, en especial Susana Díaz, no ven en el conflicto más que una oportunidad para alardear de firmeza antes de las primarias de su partido.
Pero el rechazo del decreto fue más sonado aún, debido a la sorpresiva abstención de Ciudadanos. La manera en que el partido de Albert Rivera se pone de perfil no sólo trunca el cumplimiento de una sentencia europea, cuya transgresión implica ya una multa de 21 millones que, a partir del día 24, se incrementará a razón de 134.000 euros diarios.
Además, el desentendimiento ante la necesidad de eliminar un régimen laboral abusivo es lo último que cabe esperar de un partido como Ciudadanos, que se precia de ser heredero del liberalismo español nacido en torno a las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Si algo caracterizó a ese movimiento fue la lucha contra todo tipo de prebendas, como los que ahora rigen el acceso y las condiciones de trabajo en los puertos. El partido naranja violenta así sus credenciales ideológicas y también el carácter de formación facilitadora de la gobernabilidad.
No puede extrañar, por tanto, que el PP se plantee un adelanto electoral ante lo que parece una retirada de confianza por parte de Ciudadanos. El fracaso de la reforma de la estiba tendrá, por tanto, un alto precio, ya que convierte en cómplices de los privilegios del sector a quienes lo propician, y allana el camino hacia nuevas, e inciertas, elecciones generales.