Las autonomías gobernadas por PSOE y Podemos tienen un denominador común en fiscalidad: llevar al límite impuestos tan cuestionables como Patrimonio (Extremadura, Baleares y Aragón) o Sucesiones (Valencia y Castilla La Mancha), penalizando la mera posesión de riqueza o el cambio de su titularidad. No puede extrañar que empresas y ciudadanos se vean impelidos a dejar esos territorios y radicarse en otros, como Madrid, huyendo del castigo a las rentas medias y altas.
Sería un error que esa penalización se generalizara, con la excusa de la reforma del sistema de financiación, como claman algunos Gobiernos. En lugar de perseguir supuestos paraísos fiscales inexistentes, deberían centrarse en mejorar su gestión y alivar la asfixia de sus ciudadanos.
