El sector asegurador, tal y como ahora está concebido en España se encuentra en una situación difícil. Lo demuestra el hecho de que el 40% de las empresas que en él operan arroja pérdidas. Es un panorama previsible si se considera la tormenta perfecta que se ha cernido sobre ellas. Muchas vieron en la agresiva rebaja de sus tarifas la mejor estrategia para capear la crisis y, de hecho, fue modélica la resistencia del sector a las turbulencias económicas.
Ahora bien, esa política redujo los márgenes a mínimos y, pese a la recuperación, resulta arriesgado emprender un alza de los precios rápida que ahuyente a los clientes. En paralelo, las inversiones en renta fija de estas empresas, vitales para sus ingresos, presenciaron la mengua de las rentabilidades al fuerte ritmo que imponían las políticas de tipos de interés en mínimos de los bancos centrales. Pero aún existe un desafío más.
El año pasado tuvo lugar un hito para las aseguradoras: Solvencia II, la nueva normativa del sector, quedó lista para implantarse tras 15 años de preparación. Su advenimiento plantea un nuevo escenario muy exigente. De hecho, multiplica el nivel de recursos propios necesario y lo define con una precisión sin precedentes (según el tipo de cliente, la rama de negocio, la inversión acometida...). Es un cambio de paradigma en toda regla que, previsiblemente, las pequeñas aseguradoras no podrán resistir.
La respuesta adecuada será ganar tamaño a través de fusiones. Un pronóstico así puede chocar, después de que, entre 2010 y 2015, cayera un 15% el total de aseguradoras. Sin embargo, aún existen más de 230 y el mercado todavía presenta una fragmentación insostenible e inexistente en otros países.
