Pese a que la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales aún está en el aire, Hacienda presentó la semana pasada una proyección del gasto del Estado para 2017, la cual arroja una cifra que debe reseñarse. Se trata de la cuantía que se destinará al pago de las pensiones y al pago de los intereses de la deuda pública. Ambas partidas ascenderán a más de 173.000 millones, lo que implica que, por primera vez, acapararán el 50% del gasto total previsto por el Estado para un solo año.
El Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante la evolución de estas variables, máxime cuando su incremento amenaza con acelerarse en los años próximos. Es cierto que la reforma de las pensiones, impulsada en la penúltima legislatura, supuso un avance claro en la racionalización de este gasto, con medidas como desvincular su actualización anual de la inflación. Ahora bien, el envejecimiento poblacional y el hecho de que las cotizaciones de los nuevos jubilados les dan derecho a pensiones más altas obligan a llevar a cabo una nueva reforma.
Tendrán que volver a estudiarse fórmulas como tener en cuenta toda la vida laboral en el cálculo de la pensión o fomentar el ahorro privado complementario. En el caso de la deuda pública, la inacción tampoco es tolerable. En los últimos años, España se ha beneficiado de unos costes de financiación muy bajos gracias al amplio programa de compras de deuda del BCE. Pero el eurobanco iniciará este año una moderación de sus estímulos que, unida a la incertidumbre que planea sobre los mercados en 2017, hace muy vulnerable a un país cuyo pasivo equivale al 100 por ciento del PIB. La reducción de esa deuda es, por tanto, otra tarea ineludible para bajar el gasto.
