Todo apunta a que el Gobierno aprobará mañana el mecanismo extrajudicial que agilizará las devoluciones a los clientes de banca, cuyas hipotecas contenían cláusulas suelo poco transparentes. Ese protocolo presenta un devenir ajetreado, desde que el Ejecutivo se puso a trabajar en él en diciembre. Fue entonces cuando el Tribunal de la UE dictaminó que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado en virtud de esas cláusulas, que blindan los pagos de las cuotas hipotecarias frente a las caídas de los intereses.
El primer paso del Gobierno fue establecer una vía extrajudicial voluntaria para los bancos, que no convenció ni al PSOE ni a las entidades. Moncloa busca rectificar ahora con un mecanismo obligatorio para las entidades, pero voluntario para el cliente. No obstante, si este último lo acepta, deberá escuchar las ofertas de acuerdo que su entidad plantee, durante los tres meses que el protocolo establece para debatir.
Se trata de un procedimiento adecuado, ya que reconoce a los bancos un legítimo margen negociador sobre la aplicación de unas cláusulas cuya legalidad no se cuestiona. El cliente, por su parte, sigue teniendo la posibilidad de acudir a los tribunales si no hay acuerdo. Pese a los aciertos del protocolo, ayer se manifestó que el Gobierno no ha perfilado bien sus detalles y hay discrepancias entre los dos ministerios concernidos, Economía y Justicia.
El titular de este último, Rafael Catalá, manifestó que tres meses no bastan para que los bancos tramiten las devoluciones de 1,5 millones de potenciales expedientes. El mecanismo, por tanto, aún despierta dudas, incluso en Moncloa. Urge que el Gobierno las disipe con celeridad, para que pueda cerrarse un conflicto que crea gran incertidumbre en el sector financiero español.