El año 2016 termina con unas expectativas de evolución de los precios muy diferentes con respecto a aquéllas con las que cerró 2015. Entonces, el mercado del crudo se encontraba anegado en una sobreoferta que arrastraba a la baja a los productos relacionados con la energía. Ahora, por el contrario, el acuerdo para reducir la producción que la OPEP alcanzó en noviembre aprecia el barril (ayer llegó a niveles de junio de 2015) y ese encarecimiento provocará una subida promedio del butano, el gas y los carburantes del 3% para el consumidor.
Un alza semejante tendrán las tarifas de teléfono y ADSL, aunque por razones diferentes. Así, la reducción de jugadores en el sector de las telecos (concentrado en cuatro grandes) se traduce en un encarecimiento, hasta hace poco tiempo impensable, en estos servicios.
Con todo, en líneas generales, cabe concluir que 2017 será un año benévolo para los consumidores, en la medida en que servicios como el agua, la luz o el transporte se congelarán o incluso se abaratarán. Conviene aplaudir, por tanto, los resultados que está dando el proceso iniciado en la penúltima legislatura, que ha desligado del IPC la evolución de los precios de varios suministros básicos. Aún reportará más beneficios en 2017, cuando la inflación tiene visos de que volverá a rondar el 2%, lo que, en otros tiempos, habría implicado un alza automática de este tipo de servicios y un perjuicio para la economía en su conjunto.
Es preciso, por tanto, profundizar en la desindexación, al tiempo que se evitan errores como propiciar un alza precipitada de los salarios, capaz de truncar las ganancias de competitividad con las que España ha logrado superar la crisis.
