El Tribunal de Justicia de la UE sorprendió al fallar que la banca española estará obligada a devolver todo lo que cobró a sus clientes en virtud de las cláusulas suelo. Estas últimas son disposiciones contenidas en contratos de hipotecas, que sujetan los pagos de los clientes a un mínimo, blindado frente a las bajadas de los tipos de interés. En el largo proceso judicial abierto contra estas cláusulas nunca se cuestionó su legalidad.
Lo que realmente estaba en tela de juicio era la falta de transparencia en su aplicación. Por ello, en las sentencias falladas en su contra en nuestro país nunca se llegó al extremo de exigir la devolución completa de los cobros. De hecho, el Supremo estableció su límite en mayo de 2013. Además, el abogado general del Tribunal de la UE, cuyos dictámenes orientan la decisión final de la institución, también se mostró contrario a la retroactividad total.
El Tribunal, sin embargo, ha decidido tomar la vía más dura y, por discutible que sea la decisión, los bancos españoles solo pueden acatar la sentencia. Sin duda, las entidades no pecaron de confiadas, lo que ha evitado todo pánico en bolsa. No en vano ya provisionaron 1.500 millones para hacer frente a estas devoluciones.
Ahora bien, la retroactividad total puede tener un coste de 4.000 millones, lo que implica que será necesario reservar 2.500 millones más. Es una cantidad considerable, que llega en un momento aún difícil para la banca. Las subidas de tipos ya se vislumbran en el horizonte, pero se demorarán hasta 2018 y, mientras, la banca sigue arrastrando un grave problema de contracción del negocio crediticio y reducción de la rentabilidad. Las cláusulas suelo, por tanto, abren un nuevo frente, que exigirá más ajustes a los bancos o, incluso, fusiones futuras.
