El Gobierno confía en que la deuda pública se sitúe en el 99,7% del PIB en 2017, frente al 100,1% en el que terminará este año. Se trata de un descenso reducido pero de gran valor simbólico. De hecho, distinguiría al próximo ejercicio como el primero en el que el pasivo público baja después de toda una década al alza. Ahora bien, existen factores que el Ejecutivo no ha incluido en sus cálculos y que pueden desbaratarlos.
En primer lugar, es casi seguro que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) volverá a ponerse en marcha en 2017, prologando así la vigencia de un mecanismo que se diseñó para ser temporal. Si a ello se suma la obligatoria aportación española al fondo de rescate bancario de la UE, el resultado son 30.000 millones no incluidos aún en las previsiones del Gobierno que acabarán repercutiendo en el pasivo.
Esa cifra todavía puede quedarse pequeña si el Estado acaba absorbiendo las autopistas de peaje quebradas y si la subida de las pensiones supera el 0,25% hasta ahora previsto. Existe, por tanto, la posibilidad de que el monto de la deuda continúe en, o incluso rebase, el 100% del PIB.
No parece una perspectiva preocupante en un momento como el actual de tipos de interés en mínimos en el que, además, están venciendo las emisiones de años como 2011 y 2012, cuando la prima de riesgo se disparó. Ahora bien, no debe minusvalorarse el riesgo que supone afrontar un año incierto en Europa como 2017 con expectativas de seguir elevando la deuda.
La larga sucesión de elecciones en el corazón de la eurozona amenaza con disparar el riesgo político, en un momento en el que el gran moderador de las primas de riesgo, el BCE, empezará a reducir la cuantía de sus adquisiciones de bonos.
