La semana pasada, el Gobierno volvió a recurrir, como hizo en 2013 y 2014, a un incremento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social. Ese baremo, ahora situado en 3.642 euros mensuales, crecerá un 3% en 2017. Se trata de un avance cuantioso que, sin embargo, será solo el preámbulo para el fuerte incremento del 10-12% con el que Empleo quiere terminar la legislatura.
Reclamar a los salarios altos que coticen más parecería, a priori, una vía lógica para paliar la difícil situación de la Seguridad Social, abocada a cerrar este año con un déficit que rondará el 1,7% del PIB. Puede alegarse también que el número de afectados es reducido, en torno a 1,3 millones. Ahora bien, la situación es más compleja.
Crecerían también las pensiones
Elevar las bases máximas subirá los ingresos del sistema, pero lo coherente, según el ejemplo de los países de nuestro entorno, es que también crezcan las pensiones a las que estos sueldos tienen derecho. Pero más importante aún es considerar que son las empresas las que absorberán la mayor parte de la subidas, ya que abonan casi el 30% del salario bruto de sus trabajadores a las arcas de la Seguridad Social.
Se trata, por tanto de una medida que añade aún más presión a los costes laborales, ya en tensión por otros factores, como el rápido incremento aprobado para el salario mínimo o para las bases más bajas de cotización. Perseverar en esa tendencia supone una grave amenaza para la creación de empleo, de la que España se beneficia en los últimos años.
