Editoriales

El error de precipitar la subida salarial a los funcionarios

  • Los sindicatos piden un incremento de su sueldo superior a la inflación
Manifestación de funcionarios en 2012 contra los recortes del Gobierno.

Los sindicatos más importantes de la función pública se muestran exigentes en el arranque de la negociación con el nuevo Gobierno. Hasta el punto de que asegurar que sólo aceptarán subidas salariales para los funcionarios en 2017 que sean superiores a la inflación prevista, que ahora, en plena reanimación, rondará el 1,2%.

El anuncio puede sonar a órdago lanzado en el inicio de la negociación, con vistas a definir las posiciones de partida, sin cerrar la puerta a cesiones posteriores. Los sindicatos conocen esa estrategia y es muy probable que estén recurriendo a ella. Pero también lo es que existe una creciente impresión, en ciertos sectores de la sociedad, de que ya no hay excusas para no empezar a revertir todos los ajustes en salarios emprendidos en lo peor de la crisis.

Es muy significativo el énfasis con el que las centrales recuerdan que fue el último Gobierno de Rodríguez Zapatero el que impuso a los funcionarios la congelación de sueldos y que el presidente Rajoy la continuó en su primera legislatura.

Esfuerzo del sector público

Nadie puede negar que los trabajadores del sector público (como los pertenecientes al sector privado) han hecho ese tipo de esfuerzos en el pasado más reciente. Con todo, a la hora de hacer memoria, conviene ser rigurosos y poner también de manifiesto que es falso que no hayan recibido hasta el momento ningún tipo de compensación. Recuérdese, por ejemplo, la recuperación paulatina de las pagas extras anuladas. Por tanto, sería atentar contra la verdad asegurar que los funcionarios es un colectivo especialmente agraviado y que deben ser resarcidos con la máxima celeridad, sin atender a otras circunstancias económicas.

Estas últimas han cambiado mucho en los últimos años y hemos superado lo peor de la crisis. Pero también es cierto que existen asignaturas pendientes como la corrección del déficit de las Administraciones. El que viene será aún un año difícil desde este punto de vista, con 5.000 millones en recortes pendientes, que aún no está muy claro cómo se cubrirán (está por verse de qué servirán realmente las alzas selectivas de impuestos planeadas). Sin duda, si el Gobierno da luz verde a las alzas salariales que los sindicatos plantean, en nada contribuirá a hacer más fácil la situación. Además, 2017 será un ejercicio en el que resulta difícil prever cómo van a evolucionar los costes salariales para el sector público. Son ya varias las sentencias de la Justicia europea que conminan a equiparar las condiciones contractuales de los interinos con los trabajadores indefinidos, un movimiento que cambiará el escenario laboral en las Administraciones de forma contundente.

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