El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) clausura hoy su congreso, en el que dejó claras sus dos peticiones principales para el futuro Gobierno: profundizar en la unidad de mercado y en la flexibilidad laboral. Un examen superficial concluiría que esta última reivindicación se halla fuera de lugar, tras más de cuatro años desde la aprobación de una reforma específicamente orientada a acabar con las rigideces del pasado.
Con todo, si hay un grupo de empresas que conoce a fondo nuestro mercado laboral, ése es el representado por el IEF, pues crean el 70% del empleo privado. Por ello, es imposible que no sufran las trabas con las que, en la práctica, topó el desarrollo de la reforma. No se puede hablar de flexibilidad real cuando más del 60% de los ERE planteados ante los jueces son anulados, pese a admitir sus motivaciones económicas.
Las trabas judiciales pueden aún crecer si se produce una aplicación precipitada del fallo europeo (y del Tribunal Superior de Madrid) que apunta a equiparar el despido de los interinos al propio de los indefinidos o, incluso, a igualar indemnizaciones entre trabajadores fijos y temporales. Se abre así un debate profundo, aún por dirimirse, máxime en un país como España, en el que la alta temporalidad constituye un grave problema.
Ahora bien, resulta fundamental compaginar el avance hacia una mayor estabilidad con el mantenimiento de unos costes moderados del despido. No hacerlo implicará asfixiar una creación de empleo (con potencial aún para generar 400.000 trabajos en 2017 según el Gobierno) al privar a las empresas de la capacidad de hacer ajustes con la rapidez y alcance que las situaciones de crisis, y la supervivencia misma de las firmas, exigen.
