En los últimos cuatro años, el gasto en prestaciones por desempleo ha caído en 12.141,5 millones de euros. Ello se traduce en un recorte de 1.073 millones en la cantidad destinada a tal fin durante el primer semestre del año, hasta totalizar 9.504 millones. A simple vista, emplear menos dinero en mantener a los parados es una buena noticia de cara a acercar a España a los objetivos de déficit fijados por Bruselas.
Y más si se tiene en cuenta que tamaña reducción se debe principalmente a que el número de españoles sin trabajo se ha reducido en 1,4 millones en apenas tres años. Por contra, los sindicatos culpan a la reforma laboral del empeoramiento en el nivel de protección de los desempleados, que deja a 45 de cada 100 parados sin opción de ayudas.
Aducen que la cuantía media de la prestación contributiva alcanzaba 842,9 euros por beneficiario al mes en 2012, y que se ha reducido un 8%, hasta situarse en 780,5 euros. Achacar a la reforma el empeoramiento de la protección en los casos de parados de largo duración es erróneo. La medida ha permitido recuperar la senda del crecimiento en las contrataciones. El problema es que el número de perceptores de prestaciones se reduce más que el de desempleados.
La brecha se amplía todavía más en los colectivos de más de 45 años, en los jóvenes, en las mujeres y en los parados de larga duración. Todos ellos son los principales damnificados de que la tasa de paro siga en el 20%, la segunda más elevada de la UE. España no se puede permitir detener el ritmo de creación de empleo. Para evitarlo se debe profundizar en la reforma laboral. Sólo así se logrará recuperar los puestos de trabajo destruidos durante la crisis.
