El análisis de la evolución que las cotizaciones sociales muestran en 2016 bosqueja un panorama preocupante. El magro incremento que acumulan, un 2,8%, invita a prever que su aportación a la Seguridad Social se situará en el entorno de los 101.000 millones, 16.000 millones menos de los previstos por el Gobierno. Una desviación tan enorme ya resulta, de por sí, escandalosa. Pero aún lo es más si se considera que constituye el colofón a un periodo de casi una década en el que los pronósticos han errado sistemáticamente, debido a su excesivo optimismo.
Los fallos se hicieron evidentes en 2009 y debe reconocerse que se extienden a lo largo de un periodo especialmente complejo para la economía española, en el que la crisis alcanzó su apogeo y se sucedieron dos recesiones. Pero ya quedan atrás los ejercicios en los que los ingresos por cotizaciones disminuían, puesto que la recuperación económica y la reforma laboral han convertido la creación de puestos de trabajo en una realidad incontestable.
Ahora bien, la reiteración de los malos cálculos parece demostrar que se minusvaloran las limitaciones que ese despertar todavía muestra, en cuanto a calidad del empleo generado y a aportación neta a la Seguridad Social. Son deficiencias conocidas y cuantificadas que deben ya tenerse en cuenta en las previsiones oficiales.
Afinar estos cálculos constituye una necesidad de primer orden en un contexto como el actual en el que la Seguridad Social incurre en déficit y la hucha de las pensiones se encuentra en mínimos. Sólo unos pronósticos sólidos sobre la evolución de los ingresos del sistema contribuirán a que la población tome conciencia de la seriedad de la situación y de la necesidad de hacer más reformas.