Son numerosos los enfrentamientos que ha tenido que superar el consorcio público-privado español que se encarga de hacer realidad el AVE La Meca-Medina. Resultan bien conocidos los conflictos surgidos en la etapa de construcción, explicables por los retrasos heredados del grupo chino-saudí que se encargó de la fase más preliminar, a los que se sumaron las presiones de Riad y las dificultades inevitables en una infraestructura de tan alta complejidad técnica.
Ahora, también el último paso, el relativo a la operatividad y gestión de la línea ferroviaria, plantea problemas. Aun cuando todavía no se ha alcanzado esa fase, las empresas privadas del consorcio se muestran dispuestas a acudir a los tribunales si Fomento les obliga a participar de las pérdidas que se derivarían de un tráfico de pasajeros inferior a los 40 millones anuales, estimados en la actualidad.
Su posición es comprensible, ya que estas empresas no se encargarán de la operatividad de la línea, ya que quedará en manos de las compañías públicas Renfe y Adif; además fue la propia Renfe la que asumió una previsión inicial de 80 millones de pasajeros, que luego se ha visto recortada a la mitad y, según sus socios, todavía existe riesgo de que no se cumpla.
Sin duda, en una concesión como la de Renfe, que se extenderá como mínimo siete años, resulta difícil cuantificar a priori las pérdidas finales y no puede darse por sentado que el tráfico de viajeros quedará por debajo de lo esperado. Con todo, si el riesgo de desviación existe, una empresa pública como Renfe debe actualizar sus previsiones y aclarar cuál será el impacto de las posibles pérdidas y cómo, en última instancia, serán manejadas para no exacerbar el nuevo conflicto en torno al AVE árabe.
