La causa abierta en el Tribunal de la UE sobre las cláusulas suelo de la banca en sus hipotecas se acerca a su fin. El fallo tardará meses, pero las partes ya presentaron su argumentos. Junto a bancos y clientes, el Estado español también se personó y su contribución puede ser decisiva para evitar el peor de los desenlaces: que el Tribunal obligue a devolver todo lo cobrado por la aplicación de estas cláusulas.
Como el Estado argumentó, el Supremo ya estableció una retroactividad, hasta mayo de 2013, que protege al consumidor más allá de lo exigido por la normativa sectorial. Ir más lejos, hasta la retroactividad total, supondría causar un perjuicio desproporcionado a las entidades, ya que las cláusulas no son ilegales, sino que sólo se cuestiona su transparencia.
