La apuesta de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) por nuestro país se sitúa en mínimos históricos. Según los datos de la CNMV, el año pasado, sólo el 28 por ciento de su cartera correspondía a activos nacionales, el menor registro desde que existen estadísticas. Sin duda, detrás de estas cifras actúan varias causas y una de las fundamentales es la búsqueda de una mayor rentabilidad.
Ante todo, las sicavs son vehículos inversores y es legítimo que sus gestores hayan buscado reducir su exposición respecto a España en los últimos meses. Animan a ello, en renta variable, un Ibex que se distinguía hasta hace pocio como el índice más bajista de Europa y una renta fija que apenas ofrece rendimientos. Ahora bien, más allá de la estrategia inversora, los expertos instan a ver en estos datos un síntoma del perjuicio que la persistente incertidumbre política está ya causando en las decisiones de los agentes económicos.
Es más, las sicavs se revelan como un puesto avanzado, especialmente valioso para detectar los primeros problemas que provoca esa inestabilidad. No en vano, en el clima electoral que domina desde finales del año pasado, este tipo de vehículos se ha visto denostado por casi todos los partidos y son previsibles futuros cambios legislativos para acabar con sus supuestos privilegios para las grandes fortunas.
Tales prebendas no existen, ya que el gravamen del 1 por ciento que soportan en Sociedades (hasta que se venden las participaciones) es idéntico al que rige en los fondos de inversión. Por tanto, coartar legalmente las sicav sería un paso equivocado, que puede agravar el proceso de pérdida de la confianza inversora que la inestabilidad política alimenta ya en nuestro país.
