A finales del mes pasado, Hacienda reconoció que la indisciplina presupuestaria de las comunidades autónomas se descontroló en 2015. No en vano sólo tres territorios cumplieron con la meta de déficit y cuatro llegaron a duplicar el límite establecido para ese año. El escándalo fue tal que el Gobierno por fin reaccionó y decidió recurrir a los mecanismos que siempre habían estado a su alcance a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Aquellos tienen un carácter gradual que habría permitido ponerlos en marcha mucho antes, con carácter preventivo. El retraso acumulado, por tanto, es innegable, pero merecía valorarse que el Ejecutivo, aun estando en funciones, se decidiera a atajar una situación que ha comprometido el objetivo de déficit del conjunto del sector público.
Ahora bien, se demuestra que la reacción de Hacienda, incluso en esta fase inicial, apenas tuvo recorrido. Mañana termina el plazo de 15 días concedido por carta a las autonomías incumplidoras para que presentaran planes de ahorro. Ninguna lo ha hecho y Hacienda se muestra dispuesta a esperar a las reuniones bilaterales que mantendrá con los Ejecutivos autonómicos y al Consejo de Política Fiscal del jueves.
Este retroceso vuelve a transmitir un mensaje de permisividad en un momento delicado, cuando Bruselas no ha concedido oficialmente el año extra de tregua para reducir el déficit. La posición española se debilita si persiste en no ofrecer garantías de que, esta vez sí, las autonomías se atendrán al tope del 0,7% del PIB.
Con esta tibieza, a la que se suman gestos como la devolución de otra parte de la paga extra de 2012 a los funcionarios, Hacienda demuestra que otros intereses, como el electoralismo, se anteponen al equilibrio fiscal.
