El balón de oxígeno que el Gobierno da a las autonomías para reconducir su déficit no viene sólo de haberles ampliado el tope para este año del 0,3% al 0,7% de su PIB. Además, Hacienda no va a ser estricta con el plazo de quince días que dio a las comunidades para que detallasen cómo van a reducir ese desequilibrio. Esto implica que no aplicará las medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad y con las que amenazó por carta a los Ejecutivos territoriales el pasado 6 de abril. El Ministerio vuelve a frenar en seco antes de dar otro paso al frente para controlar los desvíos autonómicos. Guindos pide a la UE el mismo trato que a Francia para obtener una prórroga del déficit.
El plazo para estrechar el control sobre las comunidades autónomas finaliza mañana. Sin embargo, fuentes de Hacienda confirman que esperarán a ver cómo ser resuelven las reuniones bilaterales previstas con las doce regiones amonestadas por escrito y cómo se desarrolla la reunión del Consejo de Política Fiscal del próximo jueves. "El momento es excepcional", recalcan.
La Ley fija un plazo de 15 días para aprobar la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo fijado. A partir de ahí, si Hacienda lo considera necesario, las CCAA deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal -éste se cancelará cuando se apliquen las medidas exigidas-. Si, tres meses después, la autonomía no hubiera presentado o aprobado el plan, el depósito no devengará intereses. Con tres meses más de incumplimientos, éste pasará a convertirse en multa coercitiva. Si, llegados a este punto, persisten los incumplimientos, el Ministerio podrá enviar una comisión de expertos para que valore la situación de la comunidad y le proponga medidas que serán de obligado cumplimiento.
Hacienda evita, así, dar todos estos pasos y opta por esperar. De momento, la flexibilización del déficit sigue siendo insuficiente para una parte de las autonomías. Esto, pese a que Cristóbal Montoro les exige un ajuste inferior en 4.000 millones al inicialmente previsto, permitiéndoles un desfase de 7.800 millones de euros.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó claro en una entrevista a Catalunya Ràdio que ese nuevo tope no es "ni de lejos" el que le corresponde por ley a Cataluña. El margen tampoco convence a la Comunidad Valenciana. Su conseller de Hacienda, Vicent Soler envió ayer una carta a Cristóbal Montoro para pedirle que libere ya los 952 millones del Fondo de Liquidez Autonómico que le corresponden en este primer trimestre, y que lo haga sin exigir nuevos ajustes, porque no son posibles. Al mismo tiempo apunta que, pese a la mejora del objetivo, harían falta 900 millones adicionales de ingresos para mantener el gasto al nivel de 2015, informa Olivia Fontanillo.
Y, si desde Andalucía consideran un triunfo autonómico que se haya flexibilizado el objetivo, en Castilla-La Mancha aseguran que el cambio crea confusión, mientras que Asturias y Murcia creen que sigue sin solucionarse el problema de fondo. Cantabria considera que el reparto final entre Administraciones dista aún de ser equilibrado.
Ayer Eurostat validó las cuentas de las Administraciones Públicas españolas que sitúan el déficit en el 5,08% al cierre de 2015.
