El fomento del ahorro privado ante un sistema público de pensiones cada vez más deteriorado es uno de los grandes ausentes en los programas electorales. Se trata de una deficiencia que perjudica especialmente a las mujeres, ya que su mayor esperanza de vida provoca que tengan que ahorrar un 35% más que los hombres para completar la cada vez más exigua prestación pública.
Sin embargo, las féminas, al igual que los varones, apenas cuentan con incentivos para llevar a cabo esa planificación. A un tratamiento fiscal para los planes de pensiones poco benévolo, se suman unas comisiones todavía altas, en un contexto de IPC nulo, que sólo fomentando la competencia de nuevas gestoras podrá solucionarse.
