La información que obra en manos del Tribunal Supremo pone de manifiesto una irregularidad en el recorte que el Ministerio de Industria aplicó a las energías renovables. En concreto, el departamento que dirige el ministro José Manuel Soria aplicó la reducción de 1.750 millones a este sector, sin haber atendido los informes técnicos que había encargado tanto a Boston Consulting Group como a Roland Berger.
Conviene no perder de vista que ambos organismos desempeñaban una labor de apoyo técnico a Industria, por lo que cabe concluir que estamos ante un fallo administrativo. La comprensible necesidad de subsanarlo no debe implicar el cuestionamiento, en su totalidad, de una reforma que era necesaria para el equilibrio de las cuentas públicas.