El envejecimiento unido a la caída de la natalidad y a la mayor esperanza de vida son tres factores que se conjugan para retrasar la edad de jubilación. Por esta razón, la reforma de pensiones de 2011 -que recibió las bendiciones de Bruselas- aumentó esa edad hasta los 67 años. La ley establecía un periodo transitorio -de aumento paulatino de la jubilación desde los 65 años hasta los 67- que se ha iniciado este año y concluía en 2027. Una vez más la crisis ha destrozado las previsiones. En 2012 el déficit de la Seguridad Social superó los 10.000 millones y de continuar así amenaza con acabar con los ahorros del sistema y sumar un desequilibrio ingobernable. Esta es la razón que ha llevado al Gobierno a adelantar -estaba previsto también para 2027- la aplicación del denominado factor de sostenibilidad y a la Comisión Europea a demandar que así se haga.
El factor de sostenibilidad relaciona el cálculo de las pensiones con la esperanza de vida y la situación económica, entre otros factores. Su implantación retrasa la jubilación y rebaja las pensiones -bien porque aumenta los años para tener derecho a una pensión o porque incrementa el periodo de cotización si se quiere obtener el cien por cien de la prestación. Su efecto inmediato es una importante reducción del gasto del sistema.
Indiscutiblemente es una medida dura. Sobre todo si, como parece, se adopta de inmediato y en una situación de paro elevado. Va a incidir de forma muy negativa en las personas de más edad que pierdan el empleo y no tengan posibilidad de volver al mercado laboral. Pero si no se retrasa la edad de jubilación, por la fórmula que sea, se pone en riesgo la sostenibilidad de las pensiones, que debe ser por encima de todo la prioridad del Gobierno.
