La crisis económica de los últimos años ha llevado al BCE al límite de su mandato hasta el punto que ya es la segunda vez que el TJUE, el máximo órgano judicial de la UE, ha tenido que justificar que la actuación del banco se ajustaba al derecho comunitario. Curiosamente, las denuncias que han llegado al alto tribunal han venido de Alemania. La primera fue por la adopción del programa de compra de deuda. Y la segunda por el aval que ofreció a Grecia para reestructurar la deuda en 2012 frente a las críticas que se vertieron en su momento por apoyar e impulsar los ajustes promulgados por la troika.
En plena negociación de Grecia con los acreedores y la troika (Comisión Europea, FMI y BCE) en 2012 tras el fracaso del primer rescate, el BCE no puso objeciones a la ley helena que permitía ejecutar la quita pactada con los tenedores privados de la deuda del país. Por primera vez en las conversaciones entró la necesidad de aliviar la deuda al país, a cambio de asumir más ajustes.
Tras la aprobación de la ley controvertida, los acreedores que poseían la gran mayoría (85,8%) de los títulos de deuda en cuestión aceptaron el canje de títulos de deuda propuesto por Grecia, lo cual tuvo como consecuencia que, con arreglo a dicha ley, los acreedores que no habían dado su conformidad a ese canje se vieron obligados a participar en él.
De los cerca de 177.000 millones de euros en circulación, alrededor de 152 000 millones aceptaron las condiciones de la quita. Los inversores canjearon los títulos por por nuevos títulos de un valor nominal igual al 31,5 % del valor nominal de la deuda canjeada y por títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera con vencimiento a 24 meses y un valor nominal del 15 % del valor nominal de la deuda canjeada. En concreto, se aplicó una quita superior al 50%.
Ante esta situación, algunos de los acreedores privados alemanes interpusieron un recurso de indemnización contra el BCE ante el Tribunal General de la Unión Europea para obtener la restitución de las pérdidas financieras que afirmaban haber sufrido debido a que, a su entender, el BCE no había advertido a Grecia sobre el carácter ilegal de la reestructuración de la deuda pública griega proyectada.
El TJUE la semana pasada se pronunció defiendo al BCE. Primero, porque la institución monetaria no estaba obligada a pronunciarse sobre si Grecia había cumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los contratos de la deuda. Segundo, porque el BCE tiene competencia consultiva y no "va dirigida a apreciar los derechos y obligaciones de las partes contratantes afectadas, sino que se inserta en el marco de sus funciones básicas en el ámbito de la política monetaria, y está ligada a su deber de velar por el mantenimiento de la estabilidad de los precios".
Además, señala que Grecia la reestructuración de la deuda pública griega no entrañó una violación del principio del respeto con las obligaciones con los tenedores, "puesto que la inversión en títulos de deuda soberana implica siempre el riesgo de un perjuicio patrimonial". Y añade que "si se producen imprevistos, el Estado emisor tiene derecho a intentar renegociar esas obligaciones, invocando que se han visto alteradas sustancialmente las circunstancias esenciales" que justificaron la emisión del que emanan las referidas obligaciones.
A final de año, el TJUE también dictó una sentencia a favor del BCE. Varios grupos de particulares interpusieron recursos de amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) sobre diversas decisiones del BCE al programa de compra, sobre la participación del Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) en la ejecución de estas decisiones o sobre su supuesta inactividad ante dichas decisiones, así como sobre la supuesta inactividad del Gobierno Federal y de la Cámara Baja del Parlamento Federal ante esta participación y las citadas decisiones.
El tribunal de Luxemburgo también declaró que el BCE no excedió su mandato. "Este programa se encuadra en el ámbito de la política monetaria ?que es competencia exclusiva de la Unión respecto de los Estados miembros cuya moneda es el euro?, y respeta el principio de proporcionalidad", detalla.
