A pesar de que todavía el PSOE no descarta formar gobierno en solitario, el apoyo de los 42 diputados Unidas Podemos será fundamental para poder lograr una mayoría simple que permita a Pedro Sánchez conservar la Presidencia del Gobierno. Por ello, se esperan unas arduas negociaciones en las que la formación morada tiene el objetivo de formar parte del futuro Ejecutivo e intentará colocar sus propuestas sociales y económicas en la próxima legislatura. Unas medidas que, junto a lo ya previsto por el Gobierno en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas esta semana, podrían provocar un conjunto de alzas fiscales de hasta 11.326 millones anuales.
Esta cantidad se alcanzaría anualmente solo en caso de que se desarrollaran plenamente todas las medidas propuestas tanto por el Gobierno socialista como por la formación liderada por Pablo Iglesias. Es decir, que una cantidad semejante solo se podría atisbar a partir de 2020. El principal baluarte de esta eventual reforma fiscal sería el Impuesto sobre Sociedades, aunque mientras los socialistas solo vislumbran unos ingresos adicionales de 1.776 millones, Unidas Podemos sube esta cifra a 4.000 millones.
La formación morada, además del tipo mínimo del 15% y la limitación de la doble imposición que propone el PSOE para grandes empresas, incluye en sus propuestas para Sociedades fijar en cuatro años el plazo máximo para compensar las bases negativas de ejercicios anteriores, hacer una profunda remodelación en lo que pagan tanto las sociedades de inversión de capital variable (sicav) como las cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) y revisar el régimen de las entidades de valores en el extranjero (ETVE), que manejan un amplio porcentaje de la inversión extranjera en España.
Impuesto a la banca
Por otro lado, con toda seguridad Unidas Podemos insistirá en el impuesto a la banca que ha protagonizado parte de su campaña electoral, una idea que durante el año pasado llegó a manejar el Ejecutivo de Sánchez pero que finalmente acabó descartando.
La formación morada, que con esta medida pretende recuperar parte del rescate del sector financiero ejecutado por el Estado en 2012 -de unos 60.000 millones-, quiere articularlo como un tributo extraordinario, con una duración temporal de cinco años prorrogables, mediante un aumento en 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de Sociedades para las entidades bancarias.
Además, con su impuesto a las altas fortunas, definido como un 1% sobre los patrimonios de más de 10 millones, Podemos espera conseguir unos 1.500 millones, más del triple que lo calculado por el Gobierno en su senda de estabilidad. En este sentido, cabe matizar que la formación morada recuperaría el dominio del Estado sobre este tributo. Es decir, que aunque los fondos fueran a parar a las comunidades autónomas no sería bonificable por ellas.
Otra fuente de ingresos adicional de Podemos sería "acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia". Por ello, proponen eliminar la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la que disfruta la institución eclesiástica, excepto en los casos de inmuebles cuya finalidad principal sea su utilización por parte de Cáritas para la acción social.
Coincidencias
Lo cierto es que hay múltiples coincidencias en los programas con los que PSOE y Unidas Podemos se presentaron a las elecciones generales... también el ámbito fiscal.
Cabe recordar que Moncloa y Unidas Podemos -cuando se le llamaba Unidos Podemos- ya pactaron gran parte de estas medidas el año pasado en el acuerdo que sirvió de germen para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que finalmente fueron enmedados a la totalidad por Partido Popular, Ciudadanos y los partidos independentistas. De ahí los paralelismos en muchas líneas políticas y económicas.
Los de Iglesias respaldan al Gobierno en la creación de un impuesto a las transacciones financieras, es decir, la tasa Tobin. Sin embargo, mientras que el PSOE limita los ingresos por esta medida en unos 850 millones, la formación morada los eleva a 1.300 millones.
En cambio, Unidas Podemos no entra a valorar los ingresos que puede generar la subida del IRPF a las rentas altas -que los socialistas valoran en 328 millones- ni la ejecución de una fiscalidad más verde, que significará un incremento fiscal de los carburantes acercándolos a los tipos europeos, particularmente el del gasóleo, generando una recaudación aproximada de 670 millones. Mientras, la estrategia de fraude fiscal queda resumida en una mejora de las arcas públicas de 828 millones.
