La formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril abre un panorama de incertidumbre sobre la formación de coaliciones que sentará el rumbo de las políticas a llevar a cabo por parte del Ejecutivo entrante.
Una de las áreas donde existe más divergencias es la relativa a la Seguridad Social y el Sistema público de pensiones, ya que la victoria de unos u otros partidos y las eventuales alianzas podrían deparar una diferencia de hasta 2.300 millones de gasto en pensiones, solo de cara al primer año de la nueva legislatura.
Partiendo de que las posibilidades de Gobierno sitúan por un lado un bloque de izquierdas liderado por el PSOE y, por otro, uno de derechas con el PP como referencia, parece evidente echando un vistazo a los programas electorales que la futura revalorización de las pensiones solo puede ir en dos direcciones.
Por un lado, si logra formar un Ejecutivo el bloque de las izquierdas, los programas de partidos como PSOE o Podemos proponen una senda de aumento de las pagas en función de la evolución anual de la inflación. En este caso, la vinculación de las pensiones al IPC sería el punto de referencia y eso implicaría solo para el primer año de la próxima legislatura, 2020, un desembolso extra de 2.300 millones si se atiende a la previsión de la inflación de entre el 1,6 y el 1,7 por ciento de organismos internacionales como el FMI y la OCDE.
"Las pensiones se actualizarán anualmente con el IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, y reformaremos la actual regulación del factor de sostenibilidad promoviendo un diseño compartido con los interlocutores sociales", dice el PSOE en el 62 de sus 110 compromisos. Y los eventuales socios de Gobierno del PSOE en una coalición de izquierdas caminan en la misma dirección.
"Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa", apunta Unidas Podemos en su programa.Incluso si la fórmula de la coalición de izquierda incluyese al resto de partidos que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa -PDeCatT, ERC, PNV, EH Bildu, Compromís y Nueva Canarias- también los socialistas tendrían espacio para subir las pensiones con el IPC, puesto que PNV y PDeCAT ya constataron en la negociaciones del Pacto de Toledo su vountad de reformar lo que en 2013 se dio a conocer como Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y que instauró el 0,25 por ciento de subida hasta que se revirtieran los desequilibrios.
Los bloques que podrían gobernar difieren sobre qué via usar para actualizar las pagas
De conseguir el Gobierno una coalición de derechas, y atendiendo a la literalidad de las medidas propuestas, no parece garantizada esa senda de revalorización anual de las pensiones. Aquí sí cabría una vuelta a la revalorización por debajo del IPC. Si bien el PP, quien selló hace justo un año con el PNV la vuelta al IPC, partido que capitanearía la coalición a la que se sumarían previsiblemente Vox y/o Cs, marca en su programa Valor Seguro la necesidad de que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, deja abierta la puerta a que la subida de la cuantía sea inferior a la inflación.
"La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad", señala ahondando en una fórmula que ya se puso encima de la mesa de negociaciones del Pacto de Toledo y que moderaba el incremento de las pensiones con el IPC al tener en cuenta otras referencias, como el aumento de la productividad, de los salarios y el propio crecimiento de la economía.
En la misma línea se sitúa Ciudadanos, que en numerosas ocasiones ha defendido en el Pacto de Toledo una revalorización en línea con el IPC, pero con otros factores. Cs defiende el blindaje de las prestaciones mínimas para transitar a un modelo de cuentas nocionales en el que la pensión no estaría indiciada, sino que sería el resultado de sucesivas aportaciones que generen un remanente para la jubilación, lo que se conoce como la mochila austriaca, propuesta recurrente de Albert Rivera.
En el caso de Vox, el recorte del gasto en pensiones aparece de manera explícita. Propone que el Estado asuma "la obligación de completar con recursos tributarios generales la pensión de cualquier trabajador que no logre obtener un nivel que la sociedad defina como pensión mínima", al tiempo que asegura que el Sistema "está quebrado" y la alternativa es ir a un modelo de previsión social en la empresa de carácter obligatorio, para generar una hucha de ahorro privado.
