La regla de gasto es la gran perjudicada del periodo preelectoral. Esta condición fiscal, que limita el crecimiento del gasto autonómico para asegurar la viabilidad de las cuentas regionales y que está impuesta a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, restringía el aumento de las inversiones de las comunidades a un 2,4%. Sin embargo, todos los gobiernos en manos del PSOE o de partidos nacionalistas o regionalistas se saltaron este límite en 2018, prólogo de los comicios autonómicos del 26 de mayo.
De hecho, según indican los datos de cierre del año pasado proporcionados por el Ministerio de Hacienda, solo tres autonomías, todas ellas del Partido Popular, respetaron la regla de gasto: Madrid, Castilla y León y Galicia. De hecho, en la autonomía que preside Alberto Núñez Feijóo se dio una situación única: la Xunta rebajó el gasto en casi un seis%.
El resto de las regiones son harina de otro costal. De media, el incremento del gasto en ellas supera el 8%, lo cual supone más del triple del mínimo legal. La que lo incrementa en mayor proporción es Cataluña, comunidad en la que la subida del gasto es del 17%, un incremento que es especialmente llamativo dado que en 2018 estuvo sumergida en una prórroga presupuestaria que en este 2019 se está reeditando, ante la falta de apoyos que está encontrando la Generalitat que preside el independentista Quim Torra para aprobar sus Presupuestos.
El caso valenciano
A Cataluña le sigue en el escalafón de gasto Comunidad Valenciana. Allí la Generalitat que preside Ximo Puig incrementó sus inversiones un 11,3%, una evolución muy preocupante desde el punto de vista de los entes evaluadores, sobre todo porque no hay contraprestación alguna en el área de ingresos.
Es más: los presupuestos aprobados por el gobierno autonómico, de signo socialista, para este 2019 reflejan un incremento del gasto del 6%, más de doble de la regla prevista - un 2,7%- . De hecho, la previsión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la de que la región incremente todavía más su déficit este año, que en 2018 se cerró en un 1,3% del PIB autonómico, asociado con una deuda pública que ya alcanza el 42% del PIB. De ahí que el ente regulador haya reclamado al Ministerio de Hacienda que lleve a cabo una vigilancia especial sobre la región.
Curiosamente, Comunidad Valenciana y Cataluña se encuentran entre las regiones cuya liquidez más depende del Estado a través de los diferentes mecanismos de financiación autonómica. Casi un 83% de la deuda valenciana se debe al Estado, mientras que en el caso de la Generalitat catalana esta proporción supera el 74%.
En total, son 14 las autonomías que incrementaron su gasto por encima de la regla fiscal... y no es casualidad que lo hicieran. Las elecciones regionales que se celebran en mayo - el 28 de abril, en el caso de la Comunidad Valenciana -tienen mucho que ver. Esto ha provocado que regiones que hasta ahora eran escrupulosas con su gasto, como Canarias, se disparasen el año pasado.
Excepto Castilla y León y Madrid, todas las regiones que celebran comicios en mayo - y abril - aumentaron su gasto por encima de los límites legales. También lo hizo Andalucía, que celebró las elecciones que pusieron fin al mandato del PSOE allí a principios de diciembre del año pasado.
La magia de la prórroga
Sin embargo, y de cara a 2019, los órganos reguladores esperan, en términos generales, más control en el gasto. Y la causa es la misma que dio la AIReF para argumentar que el déficit público de España se aliviará este 2019: la prórroga presupuestaria, que impide que se pueda subir el gasto con nuevas partidas.
Y en esta situación se encuentran siete regiones a día de hoy: Cataluña, Aragón Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Andalucía, en donde el nuevo gobierno todavía no ha aprobado las Cuentas.
Esto es lo que facilitará que, en términos generales, estas regiones tengan una oportunidad para poder cumplir con sus objetivos de estabilidad y déficit, en términos generales, en este 2019. Sin embargo, ello no implica que las regiones no vayan a tener que afrontar estrecheces económicas en este 2019.
Como ha venido contando este medio, a no ser que se obre un milagro de aquí al próximo viernes - cuando se celebrará el último Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez con plenas funciones -, las regiones no recibirán los casi 6.000 millones adicionales que se habían pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado verano en materia de entregas a cuenta del Estado. Sin Presupuestos aprobados, no se ha encontrado una fórmula legal -el real decreto-ley no se podría emplear, según la Abogacía del Estado, dado que uno de sus límites de aplicación está precisamente en las políticas autonómicas- para hacer llegar este dinero a las autonomías. Tendrán que esperar, al menos, hasta que un nuevo Ejecutivo tramite Cuentas.
No es el único aprieto económico para las regiones este año. El cambio de la contabilidad del IVA de 2017, aplicado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha provocado que las autonomías se tengan que despedir de unos 2.500 millones, que corresponden a un mes completo de recaudación de este impuesto, en este 2019. De esta manera, en 2020 las regiones cobrarán unos 13 meses de IVA, a no ser que el nuevo Ejecutivo encuentre una solución.
Esta partida pueden ser clave para que las regiones puedan cumplir con el objetivo de estabilidad. De hecho, desde la AIReF advierten de que sin ella los números no saldrán y solo tres comunidades autónomas cumplirán con esta condición en 2019: Madrid, Canarias y el Principado de Asturias.
