En el último apartado del único debate a cinco, organizado por elEconomista en los estudios de Kiss Fm, los representantes políticos han tenido la oportunidad de defender el modelo de gasto público al que aspiran en el caso de que alcancen el Gobierno de España. Dos bloques frente a frente partiendo de un modelo que ya ha empezado a funcionar, el del Ejecutivo andaluz, colocando en el otro revés gravar a las grandes empresas para sufragar los nuevos gastos que demanda una sociedad del siglo XXI.
En este capítulo, todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Socialista, se pronunciaron en contra del gasto superfluo y de las duplicidades administrativas de forma palmaria.
El CNMC ha detectado 48.000 millones de euros anuales que se pierden en contrataciones públicas y corruptelas
Además de Vox, Ciudadanos y Partido Popular –estos dos últimos se refirieron en varias ocasiones al modelo de gestión andaluz que han puesto en marcha desde el pasado mes de enero, y que entre otras actuaciones, incluye una auditoria profunda de la Junta y la posterior eliminación de los organismos que estén duplicados y no den sentido a los principios que rigen la función pública–, Iván Ayala, en nombre de Unidas Podemos, critico con dureza la información que ha puesto en conocimiento la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Según este organismo, subrayó el asesor económico de UP, se han detectado 48.000 millones de euros anuales que se pierden en contrataciones públicas y corruptelas, señalando a PP y PSOE como los principales protagonistas de estos desmanes.
A lo largo del debate, se hizo muy evidente dos modelos de entender el gasto público. El representante de Vox, Víctor González, hizo alusión a nuestro sistema fiscal, del que dijo que "es ineficiente", ya que, "para gastar un euro tenemos que recaudar entre 1,4 euros y 2,3".
González puso como ejemplo de modelo fiscales países como Bulgaria, Rumanía, Polonia y Finlandia, ejemplo que sirvió para recibir las críticas Manuel de la Rocha (PSOE), quien le afeó por poner como ejemplo esos países, a lo que González contesto, señalando que esos eran los países a los que el socialismo y el comunismo habían arruinado.
Por su parte, Francisco de la Torre, representante de Ciudadanos, indicó que se puede reducir gasto superfluo y duplicidades dentro de la administración, si bien no se puede ejecutar un plan como el que propone Vox, porque tendría un coste social "inasumible".
Basar el gasto en la recaudación de Sociedades
Respecto a los programas de izquierda de más gasto público, suponiendo que la recaudación del impuesto de Sociedades sea tan efectivo como augura PSOE y Unidas Podemos, advirtió que las grandes empresas pagan sus dividendos del exterior fuera de España, y España no puede incumplir un convenio en contra de doble imposición por algo que ya han pagado estas empresas fuera de España, de manera que las grandes empresas no se traerán ese dinero que prevé la izquierda para sufragar más gasto social. Por tanto –señaló–, no es verdad que su política impositiva "no afecte a la clase media".
En opinión de De la Torre, no hay tanto margen para reducir el gasto como quiere Vox, pero sí hay un problema de gobernanza pública, que nos lleva a ver como la presidencia de ENUSA Industrias Avanzadas, S.A. participada en un 60% por la SEPI y en un 40% restante por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha sido ocupada por un licenciado en Filosofía, que pertenece a la ejecutiva del señor Pedro Sánchez.
En el caso del Partido Socialista, Manuel de la Rocha defendió la consolidación fiscal, pero con responsabilidad social. Afirmó que ellos habían sacado a España del brazo ejecutor de Bruselas, bajando el déficit por debajo del 3%, al tiempo que elevaban el gasto público.
Por alusiones a la gestión de Mariano Rajoy, Miguel Ángel Paniagua contrarrestó los argumentos del dirigente socialista con los datos de destrucción de empleo que se encontró el Ejecutivo popular (casi tres millones y medio de personas), y con los datos de creación de puestos de trabajo que le han traspasado al nuevo Gobierno de Sánchez (cerca de tres millones de nuevos empleados).