La entrevista que el pasado sábado le hizo elEconomista al gurú económico del Partido Popular, Daniel Lacalle, ha desatado una tormenta política. Unas declaraciones acerca de las pensiones, y una lectura sesgada y fuera de contexto, verbalizada en este caso por Pedro Sánchez en un mitin del PSOE, han precipitado un tsunami de reacciones.
Pero la mayor repercusión de la controversia ha sido la resurrección del debate económico en esta precampaña-campaña, situando el futuro de las pensiones, impuestos, empleo, o sucesiones en el centro del ring político.
Mantener las prestaciones
Después de dimes y diretes sobre la entrevista -cuando Lacalle se refería a tiempos de crisis donde lo que se discutía era revalorizar las prestaciones o recortarlas hasta un 40 por ciento, como llegó a hacerse en algunos países-, el efecto inmediato ha sido el de dar foco a un asunto que parecía que estaba a punto de cerrarse, gracias a un gran acuerdo de Estado, del que luego se descolgó Unidos Podemos a las puertas de la convocatoria de las elecciones generales del 28-A.
En todas sus intervenciones, Lacalle ha negado que la intención del Partido Popular sea la de rebajar las pensiones. Por su programa, y por los debates suscitados, hoy sabemos que Casado tendrá en cuenta, a la hora de revalorizar las pensiones, tanto el IPC como los indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios del poder adquisitivo y de la sostenibilidad.
En esa batalla por mostrar a los electores quiénes defienden mejor el sistema de pensiones, Pedro Saura, del PSOE, añade que el actual sistema público "es innegociable", acusando al PP de plantear la privatización progresiva de las mismas, extremo éste que ha vuelto a ser negado por el PP, recordando al partido de Pedro Sánchez que fueron ellos los que votaron congelar las pensiones.
No obstante, el Partido Socialista dice que definirá las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva, así como un incremento progresivo de la aportación del Estado para hacer frente al aumento del gasto ligado a la jubilación de la generación del baby-boom.
En este rifirrafe entre quienes representan el liderazgo de los dos bloques que se enfrentan en estas elecciones generales, el PSOE del lado de la izquierda, y el PP del lado de la derecha, los de Unidos Podemos, y en su nombre Jorge Uxo, se comprometen a garantizar las pensiones, blindando la revaloración de las mismas en la Constitución en función del IPC, y además, derogando el factor de sostenibilidad.
Con perfil propio, Toni Roldán, de Ciudadanos, sostiene que el sistema público está estrechamente unido al actual mercado laboral, razón por la que justifican políticas de igualdad, como la de paternidad, o planes para ayudar fiscalmente a las familias numerosas.
De Vox poco se sabe, pero sobre esta materia, sobre pensiones, ha trascendido el propósito de eximir a los jubilados del pago del IRPF, lo que supondría un ahorro fiscal de alrededor de 10.000 millones de euros al año.
Pagar el Estado de Bienestar
Los impuestos, el gasto social, la recaudación de ingresos o, la deuda que conlleva más gasto público -según el centro-derecha-, también han encontrado un sitio prominente en el ring político. Desde ese prisma, Lacalle mantiene la necesidad de reformar la fiscalidad española y de adaptarla al tejido empresarial y a la realidad. "En España recaudamos menos, pero también tenemos el doble de paro y empresas más pequeñas y más frágiles", dice. De ahí que proponga una revolución fiscal, rebaja del IRPF, de Sociedades o eliminación de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Es en este punto se respira tensión en el ring. Los socialistas afirman que esta medida de rebaja impositiva es "regalar 18.000 millones de euros a los más ricos", efecto que desmiente Lacalle.
Saura defiende a ultranza que España es uno de los países con más desigualdad, y que el remedio no es otro que aumentar los impuestos. Eso sí, no dice cuáles, solo añade que no afectarán a la clase media. Los que sí aclaran cómo financiarán el Estado de Bienestar es Unidos Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren gravar a las grandes corporaciones y a los grandes patrimonios, mientras los de Ciudadanos hablan de rebaja fiscal moderada y de atraer inversiones, como el PP.
En empleo, la división pasa por la derogación de la reforma laboral y la recuperación del estatuto de los trabajadores, por la izquierda (y la reducción de la jornada laboral a 34 horas, de Podemos, o a que los contratos temporales sean mínimos de un mes) a, por parte del centro-derecha, a un SMI consensuado por todos los agentes sociales, y un modelo laboral que apueste por el crecimiento de empleo, rebajando los costes de contratación.
