Desde la convocatoria de elecciones anticipadas para el 28 de abril, Moncloa ha aprobado varios reales decretos-ley (RDL) de marcado carácter preelectoral y que tienen el fin de impulsar medidas de carácter social y laboral, algunas de ellas con una subida del gasto adicional del Estado.
Sin embargo, todas estas iniciativas tienen que ser aprobadas por una Diputación Permanente en la que cada voto cuenta, convirtiendo en clave un a poyo que hasta ahora los socialistas habían ignorado: el de EH Bildu.
Durante la legislatura, el rol jugado por esta coalición abertzale que suma los partidos Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba ha sido secundario. Solo respaldó la moción de censura y algunos decretos económicos como el que permitió la subida de salarios del personal público, pero su apoyo nunca fue fundamental o básico para sacar adelante las propuestas socialistas.
El mejor ejemplo de esto fue la nueva senda de estabilidad que, en segunda votación, fue aprobada por el Congreso de Diputados -aunque luego fue vetada por el Senado, donde tenía mayoría absoluta el Partido Popular- sin el apoyo de la fuerza vasca.
Sin embargo, ahora el esquema ha cambiado. Todos los RDL que ha venido aprobando el Consejo de Ministros en las últimas semanas, en los que se han venido llamando viernes sociales, tienen que tener el visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso después de que se disolvieran las Cortes el pasado 5 de marzo por el adelanto de las elecciones generales. Este órgano está formado por 65 miembros, es decir, que es necesario el voto positivo de 33 diputados para que las medidas del Ejecutivo salgan adelante.
Negociaciones
Durante la legislatura, los socialistas han negociado y mantenido constantes contactos con casi todos los grupos de la cámara. Y a pesar de que no confirman si tienen amarrados todos los apoyos para los RDL, lo cierto es que antes de aprobarlos ya se hicieron cambios o se sumaron aportaciones de los grupos para asegurarse la convalidación de algunos de ellos. Este es el caso del conjunto de medidas sobre vivienda y alquiler, que finalmente salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) solo después de haber recibido el visto bueno Unidos Podemos y el independentismo catalán.
Pero ahora cada voto cuenta, como pasó en la moción de censura a Mariano Rajoy. Y en este caso el de EH Bildu es el número 33, el que puede hacer que la balanza se decante hacia un lado o a otro.
Y en la formación que lidera Arnaldo Otegi están pensándose, y mucho, su decisión, conscientes del valor que tienen ahora. Consultadas por elEconomista, fuentes de los abertzales responden que "aún no hemos decidido el sentido de nuestro voto. Apuraremos hasta el último minuto", indican. Además, avisan de que, a cierre de esta edición, el PSOE no ha establecido ningún contacto con ellos.
De esta manera, la agenda social de los socialistas lanzada en plena campaña preelectoral queda en manos de una diputada en retirada. Su labor en la Diputación Permanente será el último acto de Marian Beitialarrangoitia como portavoz en la Cámara Baja de EH Bildu. La vasca deja su escaño para reforzar el área institucional de la coalición soberanista, de la que va a ser su máxima responsable, un nuevo rol para el que espera "estar a la altura de la confianza que se deposita en mí y demostrar más que con palabras, con hechos".
Confiados
En cualquier caso, en el Gobierno de Pedro Sánchez confían en pasar el examen sin problema. De hecho, desde Moncloa aseguran que los RDL que se han venido aprobando son de aplicación, no para que mueran en la orilla. Incluso esperan el apoyo de los grupos de la oposición para algunos de ellos.
La votación sucederá el próximo miércoles 3 de abril, que es para cuando la presidenta de la Comisión Permanente, la popular Ana Pastor, ha convocado a este órgano, En el encuentro se votará la convalidación los decretos leyes relativos a las nuevas medidas para el alquiler de viviendas, los planes de contingencia para acometer un Brexit sin acuerdo, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas y un conjunto de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
Queda pendiente saber si el decreto-ley de la estiba, aprobado el viernes pasado, se incluirá en esta ronda. La medida genera una línea de ayudas públicas de unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en la plantilla de unos 6.150 estibadores que actualmente tienen los puertos españoles.
