Los casi diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez y la activación del programa electoral socialista ante una eventual victoria en las próximas elecciones generales del 28-A acarreará un elevado lastre en términos de gasto para el desempeño financiero del Estado durante la siguiente legislatura.
Concretamente, si se llegaran a aplicar las propuestas del PSOE para los próximos años, que incluyen un costoso ingreso mínimo vital, la mochila de gasto social con la que iniciaría el nuevo mandato sería de 21.000 millones de euros. Una cifra que resulta de sumar el gasto extraordinario generado por la no aprobación de los Presupuestos Generales de 2019, además del coste de los conocidos como viernes sociales y de la ya mencionada medida estrella del proyecto socialista de renta mínima.
Y es una cifra que, más allá, enturbia el horizonte de déficit público al no ir acompañada de un incremento de los ingresos por el rechazo de estas Cuentas el pasado mes de febrero.
Cabe recordar que la no aprobación de los Presupuestos implica de manera directa una desviación del objetivo de déficit, marcado en el 1,3% para 2019, pero que al prorrogarse las Cuentas del pasado año se quedó estancado en el 2,4%. Esta diferencia, se sustancia en que para este año se computarán 3.000 millones más de gasto comprometido, pero sin nuevos ingresos por valor de 8.000 millones. En suma, un déficit presupuestario de base 11.000 millones de euros por encima de los previsto.
Esta desviación se sustenta principalmente sobre una estimación errónea de la capacidad financiera de la Seguridad Social. Según la AIReF, el desfase entre ingresos y gastos de este organismo será del 1,5% del PIB, en lugar del 0,9% previsto, es decir, 7.500 millones más. Esto, debido al incremento del gasto ligado a la subida de las pensiones para este año un 1,6%, además de un 3% para las pagas mínimas y el aumento de la base reguladora de la prestación por viudedad del 56% al 60%, además del menor impacto en términos de recaudación del Estado por el incremento de la base mínima de cotización ligada a la subida del SMI -la AIReF prevé ingresos extraordinarios por valor de 650 millones de euros contra los 1.300 millones estimados por el Gobierno-.
A estos 11.000 millones más de gasto generados por el rechazo de unas Cuentas que se ajustaban al 1,3% de déficit -y que el Gobierno tratará de reducir en 3.000 millones este año hasta apalancar el déficit de 2019 en el 2% con medidas de ajuste tal y como anunció el pasado del viernes- hay que sumar otras partidas liberadas por el Ejecutivo durante los conocidos como viernes sociales -que han traído la aprobación de medidas como la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la recuperación de las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, y el Plan Reincorpora-T que recolecta medidas como la ampliación de la ayuda a los parados de larga duración a los mayores de 52 años, la bonificación en la cuota empresarial por la contratación personas con más de 12 meses de paro y otras destinadas a la orientación y formación y apoyo al emprendimiento de este colectivo- que en su conjunto suman 3.000 millones de euros y otros 7.000 millones que se añadirían a la cesta, de ganar Pedro Sánchez la presidencia y activar el ingreso mínimo vital con un coste de tal magnitud, según estimaciones de la propia AIReF. Todo ello, agrega un gasto social en la mochila del Gobierno de 21.000 millones para el próximo mandato.
No en vano, esto quiere decir que si no fuera el Gobierno socialista el vencedor de las elecciones el nuevo presidente del Gobierno asumiría un gasto inicial de 14.000 millones de euros -restando la introducción del ingreso mínimo vital-. Si bien es cierto que las medidas aprobadas por la vía del Real Decreto-ley en los Consejos de Ministros de las últimas semanas están aún pendientes de ser convalidadas en la Diputación Permanente del Congreso.
Enjugar el déficit del Sistema
En este sentido, y apuntando a la Seguridad Social como uno de los principales desestabilizadores del desempeño financiero de las Cuentas, el programa electoral recoge un plan para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, que se prevé de casi 19.000 millones para este año, en un plazo de cinco años dando un mayor peso a las cotizaciones sociales. Esto esconde un trasvase de cotizaciones del fondo para desempleo al fondo de contingencias comunes -en detrimento del superávit de las cuentas del Sepe-, toda vez que la intención del Ejecutivo socialista es continuar elevando la cuantía de las pensiones en función del IPC.
