El Gobierno busca aprobar en los próximos días un registro de salarios en función del nivel del puesto de trabajo y del género obligatorio para todas las empresas y de carácter público para que pueda ser consultado por todos los empleados y empleadas de la compañía.
En el marco de las jornadas frenéticas que se viven en el Gobierno socialista desde el anuncio de elecciones generales anticipadas el próximo 28 de abril, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, está acelerando los trabajos para llevar al Consejo de Ministros del próximo 1 de marzo o antes del 28-A el texto final, toda vez que fuentes oficiales del Ministerio confirmaban durante la tarde del jueves a elEconomista que finalmente se caía del menú de medidas que anunciará el Ejecutivo este viernes, tras la reunión semanal que mantiene el gabinete ejecutivo del presidente Pedro Sánchez.
De hecho, Calvo anunció el jueves que el Gobierno va a "rescatar en estas últimas semanas", y mediante un Real Decreto-Ley, la lIgualdad Laboral entre hombres y mujeres, "paralizada constantemente por PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso".
Concretamente, la norma en la que trabaja el Gobierno establecería un registro con la media de los salarios percibidos por los trabajadores y trabajadoras, así como los complementos que reciban los miembros de la plantilla, de modo que aparezca desglosado en función del género y de los grupos y categorías profesionales. Este plan, en el que ya trabajaba el PSOE, contempla que los empleados tengan libre acceso a este registro para consultar los sueldos de su empresa. En este sentido, se entenderá que una compañía está incurriendo en discriminación salarial si la media de las retribuciones de los empleados de un género en una empresa con más de 25 trabajadores es un 25%, o más, superior a las remuneraciones del otro sexo.
También el borrador amplía la obligación de elaborar una estrategia interna de igualdad de género a las empresas con más de 50 trabajadores y no solo a aquellas que contaran con más de 250 como se establecía hasta el momento. Y del mismo modo, la nueva ley permitiría que un contrato se declare nulo por discriminación salarial de sexo. Además, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo igual o de igual valor.
Se trata de una medida que iría en consonancia con las políticas de igualdad que se están aplicando en Alemania y que además aparecen incluidas en el programa electoral del PSOE para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Aquí, se contempla la creación de Consejerías de Igualdad en los Gobiernos regionales, fomentar las políticas activas de empleo para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y reforzar las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, entre otras actuaciones, igualando y haciendo intransferibles los permisos por maternidad y paternidad".
Posibles sanciones
Una de las posibilidades que aclarará la eventual aprobación de un Real Decreto-Ley con la medida es la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con las exigencias de igualdad. Entre los planes socialistas, tal y como avanzó elEconomista en junio, también estaba la posibilidad de imponer sanciones a los empresarios que discriminen salarialmente con multas de entre el 0,11 y el 0,7% de la masa salarial de la empresa, mientras que las penalizaciones más graves se situarían entre el 0,71 y el 1,3%.
Según los datos del estudio Brecha salarial y techo de cristal elaborado por los Técnicos de Hacienda (Gestha) con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016, las mujeres cobraron 4.745 euros menos que ellos, es decir, un 30% menos que sus compañeros masculinos, lo que supone casi medio punto porcentual más que un año atrás.
