El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo con medidas en materia de empleo público con la finalidad de reforzar los servicios afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que conlleva el refuerzo de 1.735 personas a través de la aprobación de un real decreto por el que se adelanta una parte de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019.
De este refuerzo de personal de 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o puestos de trabajo de la Administración General del Estado, y 860 efectivos para servicios que prestan empresas públicas, principalmente AENA y Puertos del Estado.
Los 875 nuevos efectivos para la Administración General del Estado se dividen entre los departamentos de Hacienda (462 efectivos); Política Territorial y Función Pública (135); Interior (59); Agricultura y Pesca (30), Sanidad, Consumo y Bienestar Social (18); Industria, Comercio y Turismo (51) y Educación, Cultura y Deporte (18). El resto de plazas van para los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación (26 plazas), Fomento (62), Justicia (3), Economía () y Transición Ecológica (6).
El Ejecutivo señala que la Administración dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el marco de relaciones que se produciría con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, pero reconoce que se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores.
Además, es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, para actuar con suficiente antelación.
Los funcionarios desconfían de la oferta
Sin embargo, los funcionarios no creen en los plazos y el sindicato de este colectivo cree que los empleados no se incorporarán antes de dos años. En particular, critican la la "chapuza" y la "improvisación" de la oferta.
Además, el sindicato recuerda que aún no ha salido la convocatoria de 2018 correspondiente a la Administración General del Estado pese a estar aprobada y es preciso definir la de 2019.
En este sentido, critica "la chapuza, la improvisación y la falta de perspectiva" de la medida que aprueba el Gobierno y que, dada la demora que se produce en las ofertas de empleo público, estos puestos, la mayoría en la Agencia Tributaria, deberán de cubrirse previsiblemente con personal interino.
También denuncia que la oferta de empleo no ha sido negociada con los sindicatos y se retraerá de los puestos de trabajo correspondientes a la oferta de 2019, pendiente de aprobación, lo que se añade a la situación de "incertidumbre" que afecta a los Presupuestos Generales del Estado por la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno.
El sindicato recuerda que la Agencia Tributaria padece un déficit de 3.950 empleos desde 2009, lo que se añade a las jubilaciones previstas en los próximos ejercicios, teniendo en cuenta que la mitad de la plantilla tiene más de 50 años.
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