Este viernes llega la esperada y prometida presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros. Con un sinfín de polémicas por el camino, el Gobierno dará a conocer un proyecto que ya en su fase más precoz generó dudas y polémicas que no se han disipado por sus números.
Seguramente el panorama menos realista está en el ámbito de los ingresos adicionales que espera el Ejecutivo gracias a las medidas incluidas en los Presupuestos. Con ellas, se espera una recaudación adicional de unos 5.678 millones de euros. Sin embargo, esta cifra estaría sobreestimada, según los análisis emitidos por la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera.
Este va a ser un aspecto que necesariamente va a tener que ser modificado a la baja en las Cuentas. Más de la mitad de estos ingresos, unos 2.875 millones, depende de medidas que ni siquiera se han comenzado a tramitar en el Congreso de los Diputados. Se trata del largamente esperado paquete fiscal prometido por el Ejecutivo, un conjunto de iniciativas compuestas por la 'Tasa Google', el impuesto a las transacciones financieras y las medidas antifraude, que finalmente se aprobará el próximo 18 de enero.
Sin embargo la previsión económica citada es de dudoso y casi imposible cumplimiento. Este vaticinio de recaudación existía en el caso de que las tasas estuvieran activas durante todo el año, pero esto es algo que ya queda descartado puesto que los nuevos impuestos se tienen que crear a través de proyectos de ley, un modelo legislativo cuyo plazo medio de tramitación es de unos seis meses. A esto hay que sumar que, tal y como estaban redactadas las iniciativas en su fase de audiencia pública (al menos las de creación de nuevos impuestos), su entrada en vigor no sucederá hasta tres meses después de la aprobación. Es decir, que no se podrán empezar a aplicar, siendo optimistas, al menos hasta septiembre u octubre, y esto si logran suficientes apoyos parlamentarios en las Cortes.
Más gasto
Habrá que ver qué impacto tiene esta reducción, a su vez, en el capítulo de gastos. Ya el Gobierno ha comprometido varias medidas para subirlo en este 2019, como el incremento salarial de los funcionarios. Además, también ha habido promesas a las autonomías, sobre todo a Cataluña, de mejorar infraestructuras e inversiones. A todo esto hay que sumar que la propuesta presupuestaria que se envió a Bruselas se elaboró con un objetivo de déficit del 1,8% del PIB para 2019 (rechazado por el Senado), que ahora se ha tenido que adaptar al que está de verdad vigente, el del 1,3 por ciento. Esto se traduce en que el Estado tiene que adelgazar sus Cuentas en unos 1.200 millones.
Lo único seguro es que el Consejo de Ministros habrá de presentar drástica reducción, en varias partidas, en su proyecto de Presupuestos. No hay jugada contable que permita esconder tantos millones de euros.
