El Gobierno ha dado un impulso a la contratación de obras públicas en 2018 para romper con una racha de cuatro años consecutivos de retracción. En los diez primeros meses del último ejercicio, la adjudicación de proyectos de construcción por parte del Grupo Fomento, que incluye al Ministerio y a las entidades públicas que están bajo su paraguas, se incrementó un 69,5%, hasta los 1.747 millones de euros. Un crecimiento relevante que supone un respiro para un sector que ha tenido que salir al exterior y ajustarse en el mercado nacional para combatir la decadencia inversora experimentada en la última década. Los niveles alcanzados en el año recién concluido, en todo caso, aún están muy alejados de los que se registraban en los años previos a la crisis económica e incluso cuando ésta ya sacudía a España.
El Gobierno de Mariano Rajoy ya había reactivado la contratación en la primera mitad del año, con obras por un importe de 932 millones, un 46,7% más que los 635 millones del primer semestre de 2017. Ahora bien, con el cambio en el Ejecutivo en junio pasado, el ritmo se ha acelerado y entre julio y octubre -últimos datos oficiales disponibles- el Grupo Fomento adjudicó proyectos por 815 millones, más del doble que los 396 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. En paralelo, también se ha relanzado la licitación de obras con cerca de 5.000 millones.
En este crecimiento destaca la cifra del mes de julio. Coincidiendo con el aterrizaje del nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, las adjudicaciones de su departamento -y de las empresas públicas bajo su dominio- se dispararon hasta los 584 millones de euros. Se trata del mes más prolífico en cuanto a contrataciones de obra desde marzo de 2012.
De haber continuado la tendencia en noviembre y diciembre, los contratos del Grupo Fomento se situarían en el entorno de los 2.000 millones, el nivel más alto desde hace siete años. No obstante, este importe queda disminuido si se compara con los 5.646 millones de 2010 y, más aún, con los 7.489 millones de 2008, año en que irrumpió la crisis en España.
Los ajustes presupuestarios hacen inviable regresar a aquellos números. De hecho, a falta de conocer los datos de 2018, la inversión de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente (hoy de Transición Ecológica) apenas representa el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Un porcentaje muy alejado del 1,9% que se registró en 2008, el nivel que desde el sector privado se considera necesario para un desarrollo de las infraestructuras alineado con la economía del país. Es por ello que desde las empresas se insiste desde hace años en la necesidad de implementar un marco para desarrollar programas de colaboración público-privada. El Gobierno anterior apostó por ello con el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), dotado con 5.000 millones. Sin embargo, no llegó a ver la luz y el nuevo Ejecutivo trabaja en implementar un programa en esa línea, aunque con unas condiciones que han generado dudas en las empresas y con una cuantía indeterminada aunque, hasta lo que ha trascendido, sustancialmente inferior.
El debate del pago por uso
Cómo y en qué invertir es una cuestión de alcance que el ministro Ábalos, como también pretendía su predecesor Íñigo de la Serna, quiere consensuar con el resto de formaciones políticas. En ese debate emerge el pago por uso en las carreteras españolas, toda vez que las partidas presupuestarias se tornan insuficientes incluso para mantener las existentes.
De los 1.747 millones contratados hasta octubre, Adif se revela como el principal adjudicador, con 732 millones. Recupera así su protagonismo en la obra pública de España después de la parálisis de 2017, cuando en todo el año apenas alcanzó 107 millones. Lo ha hecho gracias a la reactivación de la alta velocidad tras las disputas que en muchos tramos han enfrentado al gestor ferroviario y a las constructoras. Mientras, Aena ha contratado obras por 293 millones, prácticamente la misma cantidad que en 2017. Por el contrario, Puertos del Estado ha hundido su contratación en los diez primeros meses del año hasta los 196 millones, un 42,3% menos que los 339 millones del mismo periodo de 2017, un año, en cualquier caso, que fue el mejor para entidad de los últimos ejercicios.
En el crecimiento de la contratación del año pasado destaca también el propio Ministerio de Fomento, que ha más que triplicado los contratos, al pasar de 223 millones a 516 millones.
