El Ministerio de Fomento planea introducir un incentivo adicional para las constructoras y los financiadores en el nuevo modelo de colaboración público-privada de concesión de carreteras. El departamento que dirige José Luis Ábalos se plantea adelantar el pago del 50% de la inversión prevista para certificaciones, de manera que los adjudicatarios sólo tendrían que anticipar la mitad de los fondos necesarios para ejecutar las obras, según reconocen fuentes próximas al Ministerio. Se trata de una medida aún por definir completamente, pero que busca favorecer el apetito del sector privado por el reformulado Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) después de las dudas que se habían generado por la rentabilidad ofrecida.
El modelo de colaboración público-privada diseñado por el Gobierno socialista planteaba en un inicio que el adjudicatario del contrato adelantara toda la inversión para la construcción de la obra, de manera que la recuperaría durante la vida de la concesión. Sin embargo, para compensar la limitación del plazo y de la tasa de descuento propuesta, Fomento ha abierto la puerta a anticipar la mitad del presupuesto contra las certificaciones de obra. El problema de introducir este cambio es que los proyectos incluidos bajo esta metodología impactarán presumiblemente en el déficit público desde los primeros años, algo que no ocurría con el PIC original.
El nuevo plan mantiene, en todo caso, la fórmula de pago por disponibilidad, sin que haya por tanto peajes para los usuarios, así como un indicador de demanda, en línea con lo que exige la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Esto último se observa desde el sector privado como un riesgo añadido que hace que no se pueda hablar de pago por disponibilidad.
Fomento trabaja ahora con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Abogacía del Estado para poder sacar adelante el pliego de contratación. La idea del Ministerio es trasladarlo y debatirlo con el sector privado en las próximas semanas. Además del pago adelantado, en el foco también está la decisión de eliminar los riesgos expropiatorios. El equipo de Ábalos ha elaborado un modelo en el que las constructoras asumirán el 100 por cien de las expropiaciones previstas en los contratos, de forma que cualquier coste adicional correrá a cargo del Estado.
Se trata de un cambio sustancial respecto al PIC inicial, en el que los contratistas tenían que hacer frente hasta el 150% de estos costes y el Estado hacía lo propio entre el 150 y el 250%. Entre el 250 y el 450% les correspondía de nuevo a las empresas y a partir del 450% a la Administración.
"Si nos pusiéramos de acuerdo en las condiciones (con el sector privado) podemos retomar un PIC adaptado a las posibilidades del Estado"
Con el anticipo de los fondos y la eliminación de los riesgos expropiatorios, Fomento busca atraer el interés del sector privado, toda vez que el nuevo modelo rebaja la vida de las concesiones desde los 25-30 años hasta el entorno de los 10 y limita la rentabilidad al bono del Tesoro español a 10 años más 200 puntos básicos, ajustándose así al desarrollo normativo de la Ley de Desindexación de la economía española. Esto arroja un rendimiento, a los niveles actuales, de alrededor del 3,4%, cuando el PIC original planteaba un interés muy superior. Para ello, el exministro de Fomento Íñigo de la Serna había logrado el visto bueno de Hacienda para modificar la citada ley.
Ábalos, sin embargo, ha insistido en que las condiciones de ese plan podrían poner en riesgo el gasto público en el futuro. "En el terreno de generar marco de inversión creemos que podemos tener otras condiciones que también pueden ser de interés pero que no son lesivas para las cuentas del Estado", aseguró la semana pasada el ministro en El Ágora de elEconomista. "Si nos pusiéramos de acuerdo en las condiciones (con el sector privado) podemos retomar un PIC adaptado a las posibilidades del Estado", subrayó.
Una vez se conocieron las líneas gruesas del nuevo PIC, las constructoras y los fondos de inversión cuestionaron su viabilidad. Ahora bien, según explican fuentes del sector privado, con el pago de la mitad de las certificaciones la perspectiva es diferente, al menos para los grupos de infraestructuras. No en vano, la alternativa que barajan para financiar los proyectos es acudir a los bancos, que son más propensos a inversiones con periodos más limitados como el que ahora se plantea.
El plan de Fomento contempla igualmente recurrir al Plan Juncker, para lo cual las obras deben formar parte de corredores transeuropeos. En el PIC del Gobierno anterior se proyectó una inversión de más de 5.000 millones de euros. Del total, las concesionarias debían aportar el 20% para la construcción, mientras que el 80% restante procedería, a partes iguales, de la financiación de bancos y fondos de inversión y del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Las estimaciones iniciales de Fomento son que en el primer semestre de 2019 licitaría concursos de carreteras a través del plan público-privado por unos 1.200 millones. No obstante, esta cifra podría rebajarse sensiblemente. El ministro ha anunciado que en el primer trimestre licitaría contratos por 2.500 millones tanto con este programa como con la vía presupuestaria que acaba de reactivar.
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