
Para hacer caer a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en la moción de censura de esta tarde, los rebeldes tories deberían ganar la votación por mayoría simple, pero se abriría un período de transición para elegir un nuevo premier y líder del partido para que encare la recta final del Brexit. Los fontaneros tories afirman que en diez días podrían tener seleccionados a dos candidatos para el puesto y también barajan elegir un primer ministro interino que esquive el largo mecanismo de elección del partido conservador.
La primera ministra ha recibido el apoyo de parte de su grupo parlamentario, pero lo que digan públicamente, en un contexto en que el país asiste con estupefacción a cruentas guerras cainitas en el partido de gobierno, resulta menos significativo cuando la votación es secreta.
May solo necesita un voto de diferencia para continuar, el umbral está en 159 diputados de los 317 que pueblan las bancadas tories en Westminster. De perder, los fontaneros del partido insisten en que, acelerando los plazos, en diez días podría haber concluido la primera fase, la que implica exclusivamente a los diputados, quienes deberían dejar a los dos candidatos definitivos entre los que la militancia, unos 100.000, elegirían al próximo inquilino de Downing Street.
El largo proceso interno de los tories para seleccionar al sustituto de May apunta a un premier interino
Los mecanismos de la formación establecen que pueden presentarse tantos parlamentarios como lo deseen, siempre que cuenten con el aval de dos diputados, y partir de ahí, comenzaría una carrera eliminatoria hasta quedar el dueto final.
El problema es que ambos tendrían que presentar sus propuestas a las bases, participar en debates y, en definitiva, hacer campaña, lo que podría alargar aún más el proceso. Y la fecha límite está en el 21 de enero para votar el acuerdo del Brexit La alternativa podría pasar por situar a un primer ministro interino, al menos, para evitar que la sensación de caos sea aún mayor.
Las críticas por la irresponsabilidad de la maniobra, no obstante, no se han hecho esperar: May preveía hoy viajar a Dublín a negociar con el primer ministro de Irlanda la controvertida barrera de la cláusula de seguridad para evitar la reimposición de una frontera dura. La visita, sin embargo, ha sido cancelada, puesto que a la premier le espera una negociación aún más crucial, tanto para su carrera política, como la del futuro de su país: la de la supervivencia.
El desafío a la continuidad de Theresa May al frente del Partido Conservador ha estado catalizado fundamentalmente por los eurófobos, pero el malestar por la deriva del Brexit, sobre todo después de que la primera ministra decidiese suspender la votación del acuerdo a última hora, se había contagiado a todos los espectros del partido.
Las 48 cartas necesarias para oficializar la batalla se habían alcanzado ya anoche, cuando May tuvo conocimiento de su suerte, precisamente, a su regreso de la gira europea que había emprendido a la desesperada para tratar de obtener concesiones para hacer su propuesta digerible en el Parlamento. La aspiración semejaba imposible por entonces y su permanencia en Downing Street, independientemente de qué ocurra en la votación de esta noche, parece igualmente sentenciada.
Los términos acordados con la Unión Europea no convencen a ningún bando en Wesminster y el tiempo se acaba. Los propios negociadores comunitarios reconocen que el terremoto político en el que ha quedado sumido Reino Unido aumenta las posibilidades de la temida salida sin acuerdo y esta es, precisamente, la última baza la que se aferra la premier. En su comparecencia de esta mañana para confirmar su disposición a dar la batalla, May no apeló a su valía para permanecer en el Número 10, sino al riesgo que deshacerse de ella podría suponer para un proceso fijado para hallar su primer culmen, la salida misma, el 29 de marzo.
Su advertencia cobra sentido: una disputa por el liderazgo sumiría la negociación en el caos, puesto que habría que esperar al próximo primer ministro, que potencialmente procedería del frente anti-UE, para conocer sus planes y no son pocos quienes en el Parlamento reclaman una renegociación integral, pese a que Bruselas la da por cerrada. Inevitablemente, este escenario obligará a ampliar la vigencia del artículo 50, es decir, el mecanismo que, desde el principio, había estipulado que el plazo para acordar el divorcio era de tan solo dos años.