Finalmente, el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en enero en las Cortes, tal y como confirmó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace justo una semana. Sin embargo, esto no implica que vaya a lograr aprobarlos. De hecho, parece bastante difícil que esto pueda ocurrir, dada la falta de apoyos claves como los de ERC y PDeCAT, lo cual significa que no se podrán tramitar medidas como las subidas de impuestos previstas en las Cuentas, particularmente las de Sociedades y la del IRPF a clases altas.
Fuentes del Gobierno reconocen a elEconomista que los incrementos impositivos no se pueden ejecutar fuera de Presupuestos, o al menos no mediante un decreto ley, que es la herramienta que Sánchez plantea utilizar para sacar adelante su agenda social, que incluye medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019 y la vinculación del incremento de las pensiones a la evolución del IPC. Consideran que esta fórmula sería jurídicamente dudosa para aplicar estas alzas.
De hecho, como ya informara este medio, desde el Ejecutivo aseguran que tendrán mucha cautela con cuál será el contenido de cada decreto ley, que pasará siempre el examen de la Abogacía del Estado.
Reducción de ingresos
De esta manera, el Gobierno se tendría que despedir de algunas de las principales medidas proyectadas para 2019 y con las que pretende escenografiar sus propuestas para una mayor justicia fiscal con las que grandes empresas y clases altas aportarían más a las arcas del Estado.
Entre ellas destaca la subida del tipo mínimo del impuesto de Sociedades al 15%, y al 18% en el caso de las entidades pertenecientes al sector bancario y al de hidrocarburos. Con esta fórmula el Gobierno espera ingresar unos 1.776 millones más el próximo año.
Dentro del paquete de medidas previsto, también está el limitar las exenciones a los dividendos y plusvalías generados en el exterior, de manera que la exención se reduce del cien por cien al 95%. Tampoco se podría aplicar la subida del Impuesto del Patrimonio, planteada como una tasa para grandes fortunas.
Otra medida que no se podría activar si no hay Presupuestos aprobados sería el incremento del IRPF. Después de una serie de tiras y aflojas entre el Gobierno y Podemos, finalmente se decidió aumentar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para las que excedan los 300.000. Por otro lado, la previsión es también la de incrementar en cuatro puntos las rentas sobre el capital de los ciudadanos con sueldos superiores a los 140.000 euros.
Sin embargo, tampoco se podrían realizar cambios impositivos que el Gobierno considera parte de su Agenda del Cambio. Es el caso de la reducción del impuesto de Sociedades para pymes, que se pretende reducir dos puntos -del 25% al 23%- .
Tampoco se podrían activar otras medidas en el campo del IVA , concretamente su reducción. Este es el caso de su aplicación a los productos de higiene femenina, que se quiere pasar del 10% al 4%, y el IVA veterinario, que pasaría del 21% al 10%.
Nuevos impuestos
Para incrementar los ingresos, más allá de que solo por razones relacionadas con el ciclo económico las arcas públicas recaudarán en 2019 6.473 millones de euros adicionales, al Gobierno solo le queda la alternativa de aprobar nuevos impuestos, como los que a lo largo del presente mes de diciembre el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso tras haber finalizado su periodo de audiencia pública y alegaciones: la Tasa Google y el tributo a transferencias financieras.
Sin embargo, ambos impuestos, para aplicarse, tienen que lograr el apoyo del Congreso de los Diputados, algo que no está amarrado del todo. Además, el periodo medio para tramitar un proyecto de ley es de seis meses, y eso sin contar los obstáculos que puedan poner Partido Popular y Ciudadanos a estas iniciativas.
Estos plazos chocan frontalmente con algunos de los vaticinios para un potencial adelanto electoral en 2019, que se daría si el Gobierno no logra aprobar Presupuestos y que incluso el propio Sánchez ha insinuado. Solo habría tiempo para tramitar estos impuestos si, finalmente, los comicios anticipados se fijaran para octubre o noviembre, que es una de las previsiones que se manejan en los pasillos de Ferraz.
Sin embargo, también suenan, y mucho, fechas para antes de verano. No se descarta que el presidente del Gobierno se decida a convocar las Generales justo después de que los Presupuestos sean rechazados por las Cortes. Si así ocurre, nadie se atreve a sacar de la baraja la carta del superdomingo electoral. Es decir, combinar el 26 de mayo Elecciones Generales, Autonómicas y Europeas, una posibilidad que horroriza a los barones socialistas.
