Los presupuestos sanitarios avanzados por las comunidades autónomas para 2019 marcan una vez más como prioridad la reducción de las listas de espera o de la temporalidad en el empleo, pero no van acompañados de medidas eficaces ni de fondos suficientes para alcanzar estos objetivos. Las regiones tampoco parece que dispondrán de fondos adicionales para cubrir los nuevos gastos sobrevenidos de la política de "recuperar derechos" por Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, como la aplicación de la sanidad universal y la eliminación de los copagos farmacéuticos o la financiación de las nuevas terapias con células CAR-T, cuyo precio por paciente podría superar los 350.000 euros.
A falta de una inyección financiera por parte del Estado como consecuencia de la más que probable prórroga de las cuentas de 2018, las comunidades autónomas tendrán que asumir compromisos sanitarios propios y ajenos sin la necesaria cobertura financiera, como ha denunciado el Tribunal de Cuentas, recurriendo a retrasos en los pagos o nuevos endeudamientos sin respaldo en los presupuestos para cubrir el gasto real del sistema, que en 2015 excedió en 6.144 millones de euros el presupuesto previsto de 54.463 millones de euros.
De momento, los anteproyectos presentados hasta la fecha son expansivos por quinto año consecutivo y se sitúan en máximos históricos, aunque el incremento del gasto del 3% de media en la mayoría de regiones se antoja insuficiente para abordar problemas que se han cronificado en la sanidad española, como las listas de espera o la temporalidad en el empleo, que afectaba al 38% de los contratos en 2016, o atender las demandas de los médicos en regiones como Cataluña y Andalucía.
Las medidas apuntadas hasta la fecha reinciden en fórmulas como la extensión de jornadas para operar por las tardes y fines de semanas, también conocidas como peonadas, que apenas han permitido recortar en 11 días las esperas durante el último año. Es una de las razones por las que los ciudadanos siguen huyendo a la privada en busca de un acceso más rápido y resolutivo a los tratamientos, según apuntan las encuestas del sector privado, que ya suma más de diez millones de asegurados.
Durante la presentación de las cuentas, ningún responsable sanitario ha hecho así referencia explícita a la vía de los conciertos con los centros privados para reducir unas listas de espera quirúrgica que soportaban 584.018 ciudadanos, con tiempos medios de 93 días, según los últimos datos disponibles del primer semestre de 2018. El gasto en conciertos se viene así limando durante los últimos años hasta totalizar 5.709,7 millones de euros en 2016, apenas 200 millones de euros menos que en 2009, donde alcanzó su máximo histórico. El secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada de España, Carlos Rus, señala al respecto que "no estamos de moda, somos un tema tabú, a pesar de que seguimos siendo imprescindibles porque en todas las comunidades somos necesarios, ya que les sale más rentable". Y es que el precio de coste de tratamiento y de concierto según las tarifas oficiales publicadas son de media un 50% más baratas estas últimas, apunta Rus.
A pesar de esta realidad, los fondos invertidos en conciertos con hospitales y centros privados se mantienen estables e incluso regiones tan beligerantes contra la colaboración público-privada como la Comunidad Valenciana los suben. La Sindicatura de Cuentas ha demostrado que, durante el periodo 2015-2017 que estuvo al frente la exministra Carmen Montón, el número de derivaciones subió hasta las 14.226 -859 derivaciones más en dos años-.
Listas de espera
La sanidad valenciana no prescindirá del recurso privado el próximo año y presupuestará 27 millones de euros para reducir las listas de espera, de los que 16 millones financiarán "autoconciertos y extraconciertos", según ha explicado la consejera, Ana Barceló. Precisamente el doble discurso político de denostar públicamente a la sanidad privada sin dejar de utilizar sus servicios está provocando que las propias entidades privadas estén perdiendo el interés y se sientan "maltratadas", según admiten desde Aspe, una asociación que agrupa a 600 centros hospitalarios.
Para hacer más creíbles los planes de choque contra las listas de espera, las regiones sí han recuperado este año la vía legal de garantizar por ley plazos máximos para recibir la asistencia sanitaria programada y no urgente. Comunidades como Baleares han aprobado así un decreto de garantía de demora sanitaria, que fija plazos máximos para recibir asistencia sanitaria especializada, programada y no urgente. Aunque la norma prioriza la atención pública, abre también la posibilidad de recurrir a la sanidad privada para cumplir los plazos máximos de seis meses para intervenciones quirúrgicas y segundas consultas diagnósticas, y de dos meses (60 días) para primeras consultas externas y pruebas diagnósticas. "Se trata de una medida positiva porque me parece fundamental que se incida en la libre elección como un derecho de paciente", señala Carlos Rus.
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