La medida negociada por el Gobierno con Podemos de suprimir la aportación a los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros supondrá una pérdida para las farmacias de 22 millones de euros anuales. Aunque sobre el papel para las farmacias no debería suponer ningún ingreso o gasto extra, en la realidad sí les va a suponer un tijeretazo.
La razón está en los descuentos que tienen que pagar las farmacias por el volumen de ventas de medicamentos, un sistema vigente desde los Reales Decretos Ley en vigor desde el año 2000, y que ahora subirán por el mayor número de recetas dispensadas.
Así lo ha señalado la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), que alerta sobre la vigencia de los reales decretos publicados desde el año 2000, que fueron aplicados con carácter provisional y para atender problemas urgentes derivados de la crisis económica. "Este sistema de descuentos debería revisarse en este momento porque ya hemos superado ese periodo de excepcionalidad. El sector siempre ha sido solidario con la sociedad en momentos difíciles", apunta el presidente de la patronal de farmacias, Luis de Palacio.
Para las farmacias, la eliminación del copago a este colectivo de pensionistas no supone ningún ingreso adicional, porque ahora irá a cargo de los presupuestos de las Comunidades lo que hasta ahora pagan los usuarios. Además, la farmacia paga unas deducciones del 15%, 7,5% y 4%, que dependen de la composición de la lista de medicamentos que no han entrado en precios de referencia y su precio medio no deja de subir por la incorporación de nuevas moléculas. En estas deducciones la farmacia actúa como recaudador de toda la cadena y percibe la parte que le corresponde pagar a la industria.
Gasto para las autonomías
El gasto público en medicamentos está en máximos desde que se aprobó la reforma de la aportación farmacéutica privada en 2012, que estableció por primera vez para los pensionistas una aportación obligatoria en función de tres niveles de renta. La introducción del copago de un 10% del precio a los pensionistas tuvo desde el momento de su aplicación un efecto disuasorio al frenar el incremento del número de recetas.
De recuperarse el ritmo anterior de crecimiento de recetas, las comunidades tendrían que asumir el gasto de cerca de 25 millones de recetas más al año, lo que supone elevar la factura en torno a los 270 millones de euros.
