Desplegar la infraestructura necesaria para que circulen de cuatro a seis millones de vehículos eléctricos por el país en 2030 exigirá una inversión acumulada de 2.700 a 3.500 millones de euros. Con ella se podrían instalar más de 100.000 puntos de recarga urbanos y otros 8.000 rápidos y superrápidos en las principales carreteras y autopistas.
Deloitte Monitor presentó este lunes en el Club Español de la Energía el informe La contribución de las redes eléctricas a la descarbonización de la generación eléctrica y la movilidad, que analiza con detalle los costes y los factores clave para el despliegue de vehículos eléctricos hasta el año 2030.
Según el documento, hasta el final de la próxima década será necesario invertir de 30.000 a 35.000 millones para alcanzar el objetivo previsto por el Gobierno de que un 35% del consumo energético del país sea renovable, gracias a una demanda de electricidad que debería ser un 20% mayor que la actual. El grueso de esta inversión le corresponderá a la modernización y actualización de las redes -hasta 15.000 millones-, y a la digitalización y al aumento de la electrificación de otros usos energéticos, como los térmicos, con otros 12.000 millones.
El 4% de la inversión en redes
Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte y autor principal del informe, llamó la atención sobre la escasa inversión en redes que exigirá el despliegue de la infraestructura de recarga para la movilidad eléctrica, en comparación con los otros capítulos citados: "apenas supone el 4% de la inversión total durante la próxima década". Según su análisis, serán necesarios unos 300 millones en aumentar la capacidad de los centros de transformación y otros 1.100 millones para reforzar las líneas eléctricas. A esa cantidad hay que añadir la inversión en la infraestructura de recarga propiamente dicha, que estimó en una horquilla de 1.400 a 2.000 millones. En total, la inversión requerida oscilaría de los 2.700 a los 3.500 millones.
Esta implantación de la infraestructura de recarga correría paralela a la reducción de costes del propio vehículo, del aumento de su autonomía y de la reducción de la duración de las recargas. Así, subrayó que el coste de las baterías ha bajado un 75% en los últimos ocho años y que "gracias a ello, con alta utilización, los vehículos eléctricos ya son rentables"; que ya hay modelos en el mercado que permiten una autonomía superior a los 400 kilómetros -se alcanzarán los 700 kilómetros en la próxima década-, y que todavía predomina la recarga lenta, de siete a 14 horas, pero que empieza a haber postes capaces de llenar el 80% de la batería del vehículo en un lapso de 10 a 20 minutos.
Barreras a superar
A pesar de esta evolución, Amores señaló que hay otros elementos adicionales que debe tenerse en cuenta para facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga.
En primer lugar se refirió a las actuaciones en las viviendas. No hay problemas técnicos y con una buena recarga nocturna podría no ser necesaria una nueva acometida eléctrica -unos 7.000 euros para un parque de 40 vehículos-, pero indicó que es necesario reformar la ley de propiedad horizontal: sus actuales disposiciones frenan la ampliación de las acometidas, porque los vecinos sin interés pueden vetarlas y no está claro quién debe asumir el coste.
En los centros de trabajo, por el contrario, sí será necesario ampliar las acometidas para las recargas diurnas, simultáneas con franjas horarias de relevante consumo eléctrico. El coste, para 50 puntos de recarga, alcanzaría los 8.000 euros.
Y finalmente, Amores se refirió a los costes de la recarga urbana ocasional, propia del sector terciario -restaurantes y centros comerciales- y a la recarga rápida, necesaria para las largas distancias, propia de las electrolineras.
A precios de 2018, el coste total del punto de recarga ocasional, de 22 kW, oscila entre los 18.000 y los 24.000 euros, mientras que el punto de recarga rápido, de 150 kW, oscila entre los 295.000 y los 410.000 euros, unos valores que "hacen difícil que los promotores de recarga puedan recuperar los elevados costes fijos", esto es, los eléctricos y la inversión inicial de la infraestructura, que superan el 70% del total.
Durante el debate posterior a la exposición de Amores quedó patente que el negocio de la recarga eléctrica es inviable a corto y medio plazo si no se produce, como mínimo, un cambio en la estructura de los peajes eléctricos. Varios de los participantes revelaron los precios de sus recargas -unos ocho euros- y puntualizaron que no consiguen obtener beneficio.
