La prórroga presupuestaria que planea el Gobierno de Pedro Sánchez ante la imposibilidad de sacar adelante las Cuentas en el Congreso -se plantea incluso no presentarlos, a pesar del mandato constitucional- puede desembocar en un serio problema para las comunidades autónomas. Este escenario -que se puede prolongar hasta 2020- provocaría que las regiones dejaran de recibir unos 6.938 millones de euros en entregas a cuenta y que tuvieran que afrontar un gasto que sí que subirá con los mismos fondos que en 2018.
A pesar de que el Ministerio de Hacienda informó a las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de finales de julio de que las entregas a cuenta aumentarían casi 7.000 millones, un 7,2% o más que en 2018, esta promesa no se cumplirá al no existir Cuentas nuevas aprobadas que habiliten este pago. En situación de prórroga presupuestaria, la legislación indica que el Gobierno no puede aumentar ninguna partida financiera y no puede crear nuevas.
Según fuentes de las autonomías, en la citada reunión María Jesús Montero, ministra de Hacienda, le habría comunicado a las regiones que, si era necesario, se aprobaría un decreto ley para que el incremento llegara a las regiones igualmente.
Sin embargo, desde el departamento aseguran que no es así. Ni confirman que Montero anunciara dicha intención y, de hecho, dudan que el incremento de las entregas a cuenta se pueda llevar a cabo de con un decreto ley, puesto que esta herramienta habilita solo determinados tipos de cambios legislativos.
Más gasto
De esta manera las comunidades autónomas tendrán que afrontar con la misma financiación estatal un 2019 en el que el gasto, salvo limitaciones financieras expresas, sí que subirá, provocando a su vez que se dispare el déficit, sobre todo si se han diseñado presupuestos regionales teniendo en cuenta las entregas a cuenta adicionales.
Así lo temen las regiones en ámbitos como la educación o la sanidad, una de las competencias transferidas que se suele comer casi un tercio de los presupuestos autonómicos. Se trata de un campo en el que el gasto está tendiendo a aumentar -tras las grandes reducciones de la inversión tras 2010, por la crisis económica- también por medidas estatales como la inclusión en la cartera de servicios de nuevas prestaciones, que es lo que más temen los gestores autonómicos.
Hace unos años, la financiación de las nuevas terapias contra la hepatitis C provocó un cataclismo en las cuentas regionales, siendo una de las principales causas del desvío del objetivo de déficit en 2015 por la inversión de 1.090 millones en estos medicamentos. Y las regiones se temen que este año pueda ocurrir algo parecido con las novedosas terapias CAR-T, un tipo de fármaco contra varios tipos de cáncer que se elabora mediante bioingeniera y cuyo uso en el seno del Sistema Nacional de Salud (SNS) público estará en vigor en 2019.
Las autonomías ya han expresado su preocupación sobre cómo se financiarán estos productos, cuyo precio por paciente supera los 350.000 euros. Por lo pronto, el Ministerio de Sanidad no da respuesta a este enigma.
De esta manera, todo gasto adicional, sin el apoyo de financiación añadida, amenaza con disparar y engordar el déficit autonómico. Y en este escenario muy difícil lo tendrían las comunidades para cumplir la regla de gasto.
Condición fiscal
En cualquier caso, el cumplimiento de esta condición fiscal parece haberse convertido en un imposible para las regiones. A la espera de que acabe 2018, en 2017 Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla- La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, el País Vasco y Comunidad Valenciana la incumplieron, según los datos expuestos por el Ministerio de Hacienda. Es decir, que solo cuatro autonomías -Canarias, Baleares, Navarra y País Vasco-, las que tienen regímenes fiscales diferenciados, la respetaron.
Sin embargo, las comunidades autónomas sí podrían recabar más ingresos, dentro de sus competencias, e incluso se los podría recabar el Estado. Así ocurrirá con el cambio que se han ejecutado a través de un real decreto en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas . Como los bancos no se pueden acoger a las bonificaciones previstas para las personas físicas, las regiones esperan una mayor recaudación por el mismo.
Algo parecido ocurre con los nuevos impuestos. Su aprobación no está sujeta a los Presupuestos, sino que se han de tramitar como proyectos de ley que deben ser aprobados por Congreso o Senado. En esta situación surge el perfil del impuesto a las bebidas azucaradas, que tendría la misma naturaleza de otras tasas como Patrimonio o Sucesiones - es decir, que son estatales pero que manejan y cobran las autonomías-. Sin embargo, la recaudación sería muy escasa -unos 200 millones- y a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha defendido su tramitación ante los fabricantes, desde Hacienda aseguran que, por lo pronto, no lo contemplan.
