Milán
El recorrido del procedimiento de infracción al que Italia se enfrenta por no querer cambiar sus Presupuestos podría empezar el próximo miércoles. El 21 de noviembre la Comisión Europea se pronunciará sobre las Cuentas de los Estados miembros y podría publicar un nuevo informe sobre la evolución de la deuda italiana. El paso siguiente es enviar una recomendación al Consejo Europeo pidiendo que abra el procedimiento.
El Gobierno populista transalpino, como de costumbre, juega a dos bandas: por un lado los tecnócratas (el primer ministro Giuseppe Conte y su titular de Economía Giovanni Tria) insisten en buscar un diálogo con Bruselas.
Conte explicó el jueves a la prensa italiana que le acompañó durante una visita en Abu Dhabi que "a principios de semana" llamará al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, "no para pedir cómo modular el procedimiento de infracción, sino para pedirle que considere no comenzar con ello". El ministro de Economía, Giovanni Tria, indicó en cambio que "pensamos seguir con el diálogo con la Comisión, pero trabajaremos también para actuar con las medidas de nuestra estrategia".
Por otro lado los verdaderos líderes del Gobierno (los vicepresidentes Luigi Di Maio y Matteo Salvini) siguen apostando por la línea dura. Según informa la prensa transalpina estarían considerando hasta vetar el Presupuesto europeo como represalia en caso de un procedimiento de infracción a Italia. Salvini, que encabeza el frente eurófobo, lleva tiempo anunciando una prueba de fuerza en Europa. Hace algunas semanas al salir de una reunión ministerial sobre las políticas europeas declaró: "Examinaremos detalladamente el próximo Presupuesto europeo. La posición del Gobierno italiano es clara. No votaremos en favor si habrá recortes en inversiones, empleo, agricultura, seguridad e inmigración. No queremos nuevos impuestos europeos que carguen sobre ciudadanos y empresas".
Así el debate sobre el presupuesto comunitario hasta 2021 podría entrelazarse con las negociaciones sobre los Presupuestos italianos para 2019. La Comisión quiere aprobar su plan financiero antes de las elecciones europeas; pero en aquellos mismos meses el Consejo europeo tendrá también que tomar una decisión sobre las sanciones a Roma.
En diciembre las instituciones europeas empezarán a abordar el tema de las desviaciones presupuestarias transalpinas: el 2 hay reunión del Eurogrupo, mientras que el 3 y 4 se reúnen todos los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin). El 14 diciembre el Consejo Europeo celebra su última reunión del año, justo después del Consejo directivo del BCE (13 de diciembre) que detallará la reducción del programa de compras de deuda, con consecuencias sobre la deuda italiana.
Finalmente el 22 de enero se celebrará un Consejo europeo que tiene previsto votar sobre el procedimiento de infracción a Italia. En caso de visto bueno, el Ecofin aprobará una recomendación, detallando el recorrido que el Gobierno italiano tendrá que seguir: un camino de nuevos vínculos presupuestarios y supervisión costante, a través de visitas frecuentes a Roma de los inspectores de la UE. "¿Llegan los inspectores? Ya llegaron los de la ONU para comprobar si somos malos y racistas, que vengan también los inspectores al Ministerio del Tesoro. Sólo falta el inspector Derrick y el teniente Colombo" dijo la semana pasada Salvini.
En caso de procedimiento de infracción por deuda excesiva, Italia tendrá que demostrar que puede reducirla un 3,5% cada año hasta 2021: una sangría presupuestaria de 60.000 millones por curso. Y si Roma incumple las peticiones, el Consejo podría imponer una multa de entre el 0,2% y el 0,5% del PIB, es decir hasta 9.000 millones de euros, bloqueando al mismo tiempo la distribución de fondos europeos.
El recorrido del procedimiento y de las sanciones es muy largo y cualquier multa no llegará antes de 2020. Sin embargo un procedimiento por deuda excesiva es algo inédito y Europa corre el riesgo de no tener instrumentos en caso de que el Gobierno italiano decida no colaborar. La amenaza de quitar los fondos europeos es ineficaz porque Roma abona a la UE 2.000 millones de euros más de lo que recibe en términos de fondos.
Todas las sanciones de los organismos europeos funcionan si tienen como interlocutor un Gobierno europeísta. Pero frente a un Ejecutivo así el margen de maniobra se reduce, ya que una salida de Italia del euro o de la UE (Italexit o Quitaly) asusta más a los demás países europeos. De hecho la confianza hacia la Unión sigue cayendo: según una reciente encuesta de Eurobarómetro sólo el 43% piensa que su país haya sacado provecho de ser miembro de la UE, el dato más bajo de todo el Europa.