El Tribunal Supremo ha suspendido la incautación por parte del Ministerio de Fomento de las garantías de explotación y construcción de las autopistas de peaje quebradas. El Alto Tribunal ha admitido, en varios autos, las medidas cautelares solicitadas por las concesionarias así como por alguno de los avalistas como Bankia. El importe total de estas fianzas se aproxima a los 250 millones de euros. De esta forma, las sociedades, que se hallan en concurso de acreedores, no tendrán que ejecutar las garantías.
Hasta la fecha, el Supremo ha emitido seis autos que aceptan los requirimientos de las empresas para la suspensión parcial de los acuerdos del consejo de ministros de los pasados 13 y 20 de julio por los que se resolvieron los contratos de concesión de las autopistas. En concreto, dejan sin efecto, al menos temporalmente, las decisiones para que Fomento incaute las fianzas de construcción y explotación depositadas y para que proceda a ingresar en el Tesoro Público, con cargo a la fianza de construcción retenida, la inversión correspondiente a la parte del 1% cultural que no ha sido ejecutada.
Los autos responden positivamente a las demandas de las concesionarias de la R-2, la R-4 y la AP-36, así como a las interpuestas por Bankia en relación a los avales que soporta en la M-12 Madrid-Barajas, la AP-7 Circunvalación de Alicante y la R-2 y que ascienden a más de 94 millones de euros.
Es de esperar que el Supremo tome una decisión similar respecto a las solicitudes de medidas cautelares relativas al resto de autopistas quebradas, la R-3, R-5, AP-7 Cartagena-Vera, AP-7 Circunvalación de Alicante y AP-41 Madrid-Toledo. Esta última aún se halla en fase de liquidación y su contrato no ha sido resuelto por la Administración. Entre los accionistas de las sociedades figuran Abertis, ACS, Ferrovial, Sacyr, Globalvia y Acciona.
Las concesionarias han argumentado que "la ejecución de estas garantías conllevará un importante traslado patrimonial prematuro y un claro perjuicio económico". En la misma línea, Bankia, como avalista -también es accionista en alguna de las concesiones-, hace referencia en sus recursos a la afectación negativa a su actividad bancaria. En todos los casos, la Abogacía del Estado presentó su oposición de las medidas cautelares que finalmente el Supremo ha admitido. Con ello, las concesionarias consiguen al menos retrasar la entrega de las garantías a Fomento.
Las concesionarias pelearán para que esas medidas cautelares se conviertan en definitivas
Aunque en marzo el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó que el Gobierno ya había incautado a las concesionarias las garantías por 250 millones, desde el Ministerio que ahora dirige José Luis Ábalos explican, sin embargo, que las fianzas no han sido incautadas.
Los alrededor de 250 millones corresponden al importe que las concesionarias entregaron a Fomento cuando se adjudicaron los contratos como garantía del correcto cumplimiento de la construcción de las infraestructuras y su posterior explotación. El Ministerio tendrá que fijar en enero la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que podría superar los 2.000 millones.
Las concesionarias, en todo caso, pelearán para que esas medidas cautelares se conviertan en definitivas. Para ello, arguyen que los concursos han sido calificados como fortuitos y, por tanto, se les ha eximido de culpabilidad. En este sentido, existe al menos una sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado mes de enero, en la que el juez liberó a una sociedad de la obligación de ejecutar las garantías al tratarse de un concurso fortuito.
