Las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo y el Real Decreto aprobado por el Gobierno dificultan la presentación de recursos para reclamar las cantidades tributadas por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), según comentó ayer Ramón Casero, abogado en los casos sobre el AJD resueltos por el Tribunal Supremo.
Casero defendió que hay lugar para reclamar al Estado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial a los titulares de hipotecas. "Si el Reglamento del Impuesto ha sido declarado nulo de pleno derecho, esto va a dar lugar a la retroactividad famosa", puesto que la nulidad "automáticamente supone que existe recorrido para iniciar un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado".
Sin embargo, aunque ve posible reclamar indemnizaciones al Estado por mala regulación, reconoce que los recursos podrían ser desestimados si se aplica la última doctrina expresada por el Supremo, que considera que el cliente es el sujeto pasivo del impuesto. "Habrá que leer primero la sentencia del 6 de noviembre -que aún no se ha hecho pública-, pero el daño ya está hecho".
Además, el Decreto de Sánchez ha cerrado posibilidades de reclamación, por lo apresuradamente que se ha redactado. Como ejemplo, destacó, que la norma se refiere a la sentencia de 6 de noviembre, que aún no se ha publicado por la Sala.
Con respecto a las tres sentencias denegadas por el Pleno, aseguró que recurrirá al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos, al considerar que se han violado derechos fundamentales.
Además, el letrado explicó que "el AJD ya no es un tributo sobre documentos, como era hasta la publicación del Real Decreto-Ley que convierte a la banca en el sujeto tributario, puesto que ya no tiene ni el mismo obligado tributario ni las mismas características",
En la misma línea se pronunció Francisco Javier Alonso, vicedecano de Asuntos Económicos, Institucionales e Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-Icade, para quien "es necesario preguntarse si esta norma crea un nuevo tributo, puesto que ha cambiado de contribuyente al designar a la banca para ello, lo que abre una posible vía de inconstitucionalidad".
Por otra parte, explicó que se ha eliminado la deducción del Impuesto sobre Sociedades y el impedir que se pueda deducir un gasto atenta contra el principio fundamental de capacidad económica.
Para Alonso, este impuesto se ha convertido en una "tasa salida de madre", que "grava una capacidad económica que no se ve por ninguna parte" y además, es una doble imposición, cuando ya se está tributando por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO).
División artificial
En la jornada, organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales de España (Aedaf), Ramón Casero denunció que también existe una doble imposición con el IVA y el ITPO y, además, la doctrina del voto particular del magistrado Berberoff "tiene influencia en la normativa contra la elusión fiscal, puesto que divide las prestaciones, lo que la normativa tributaria prohíbe cuando se divide artificialmente una prestación única en varias para obtener una deducción o pagar menos impuestos.
Ignacio Arráez, delegado de Aedaf para Madrid, señaló que los asesores "estamos horrorizados con lo que ha sucedido en el Pleno del Supremo, en el que había magistrados que no eran especialistas en impuestos".Y sobre el Real Decreto-Ley consideró que "no es correcta la forma de actuar del Gobierno", porque se ha hecho "precipitadamente y se han dejado normas vigentes vacías de contenido, que afectan, por ejemplo a la cajas rurales o a las cooperativas de crédito".
Finalmente, Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo, pidió que no se desprestigie al TS, que realiza una gran labor, aunque pueda cometer errores.
