Milán
Mañana el Gobierno italiano tendrá que responder a Bruselas explicando si cambiará su plan presupuestario de acuerdo con los requerimientos de la Comisión o si seguirá por su camino, enfrentándose a un procedimiento de infracción.
Sin embargo la reducción del gasto no parece una prioridad del Ejecutivo populista transalpino: según los centros de estudio de ambas cámaras del Parlamento italiano, los recursos necesitados por el plan presupuestario siguen aumentando.
Hace un mes, el ministro de Economía Giovanni Tria indicó que su Gobierno buscaba 38.000 millones de ingresos adicionales. El miércoles pasado los Servicios presupuestarios del Senado y de la Cámara italianas revelaron que las necesidades de Roma ascienden a 41.000 millones de euros. No cambia la recaudación prevista a través del aumento del déficit, es decir unos 21.800 millones; aumentan sobre todo los impuestos.
A pesar de haber anunciado la reducción de la carga fiscal para autónomos y empresas, con el fin de estimular la economía, los Presupuestos italianos para 2019 hacen justo lo contrario: mientras financian la introducción de una "tasa plana" para los autónomos que ganan menos de 65.000 euros (con un coste estimado de 600 millones), suprimen algunas ventajas fiscales para las empresas para recaudar 5.100 millones más de IRPF.
También se reducen las ventajas fiscales para la banca con, según los datos del Parlamento, una recaudación de 4.300 millones. Si a todo esto se juntan los recortes del gasto de los diferentes ministerios, la recaudación llega a los 19.400 millones, en vez de a los 16.000 millones anunciados hace un mes.
Los servicios presupuestarios del Parlamento levantaron varias dudas incluso sobre los efectos de la amnistía fiscal recién aprobada por el Ejecutivo italiano, indicando que las incertidumbres que marcan el recorrido de la ley presupuestaria "podrían reflejarse en las adhesiones y en consecuencia en las expectativas de recaudación".
El problema es que, según las previsiones publicadas el pasado jueves por la Comisión Europea, Roma en 2019 crecerá el 1,1% en vez del 1,5% previsto por el Ejecutivo italiano. Esto implicaría un déficit del 2,9%. Por esto Bruselas pide una revisión del plan presupuestario: en caso contrario el 21 de noviembre empezará el recorrido del procedimiento de infracción que podría entrar en vigor el 22 de enero con el voto de los ministros europeos. Mientras tanto, Italia intenta ganar tiempo. Los rumores filtrados por la prensa italiana indican que el Gobierno estaría estudiando una artimaña para cumplir con las promesas electorales de Liga y M5E y al tiempo encontrar un acuerdo con la Comisión. Las dos medidas más costosas, la renta básica y la bajada de la edad de la jubilación, podrían no entrar en la ley presupuestaria y ser aprobadas a través de un decreto.
El recorte en ventajas fiscales a empresas dejará 5.100 millones de euros más de IRPF
Parece un espejismo, pero en el difícil recorrido de la ley presupuestaria italiana el demonio está en los detalles: aprobar las dos medidas estrellas del programa populista con un decreto daría al Ejecutivo más tiempo para negociar con Europa y también más recursos. De hecho, aplazando la aplicación de las medidas unos meses, en vez de ponerlas en marcha a inicios de 2019, el Gobierno ahorraría unos miles de millones, que podría usar para mejorar la situación presupuestaria y dar buena imagen en Bruselas.
El objetivo de Liga y M5E parece ser ganarse la vida hasta las elecciones europeas de mayo, con la esperanza de que los partidos eurofóbos consigan a nivel continental un resultado suficiente para cambiar la política presupuestaria europea. De momento es una esperanza remota: mientras en Italia Liga y M5E juntos rozan el 60%de los votos, en Europa según la web pollofpolls.eu que calcula una media de los sondeos europeos, en Estrasburgo la derecha eurófoba no superaría el 15%.
La campaña electoral de las europeas, además, podría hacer estallar el frágil equilibro que mantiene en pie el Gobierno. Los vetos cruzados de Liga y M5E están bloqueando varias medidas en el Parlamento y la semana pasada con tal de aprobar el decreto que impone mano dura sobre la inmigración, el Gobierno tuvo que plantear una cuestión de confianza, un instrumento ya utilizado por anteriores Ejecutivos.
