La eficiencia de un hospital no depende de su tipo de propiedad, si pública o privada, sino de la fórmula de gestión elegida. Es una de las conclusiones del primer estudio comparado en España que analiza la eficiencia técnica de 230 hospitales generales financiados por el sistema público de las 17 comunidades autónomas y que cuestiona las supuestas bondades del monopolio público en la gestión de la Sanidad. Tras estudiar como inputs variables tales como camas instaladas, personal sanitario efectivo y gasto en compras y servicios exteriores adquiridos y tener en cuenta como outputs las altas ajustadas por casuística, las consultas externas, las urgencias no ingresadas y los procedimientos de cirugía mayor ambulatoria de cada centro hospitalario, las conclusiones del análisis publicado en Gaceta Sanitaria, la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), por cuatro profesores y expertos, arrojan una nueva luz sobre un debate polarizado hasta el extremo.
Los centros que tienen personalidad jurídica, es decir, que están configurados como empresas públicas, consorcios o fundaciones, y autonomía en la toma de decisiones son de media 11 puntos más eficientes que los hospitales públicos tradicionales sin personalidad jurídica propia, agrupados en los servicios de salud de las comunidades autónomas. Y van más allá al afirmar que "existe una importante variabilidad en eficiencia técnica pura por formas de gestión directa, indirecta y mixta", sostienen los autores que pertenecen a la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Jaén, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y la Universidad de Granada. Y es que sólo el 2,37% de los centros con gestión 100% pública -cuatro centros de los 169 analizados- se encuentran entre los más eficientes en el uso de los recursos públicos, frente al 50% de los hospitales de concesión administrativa -tres de seis centros analizados- o el 60% de los privados a título lucrativo -tres de cinco centros analizados-.
José Jesús Martín-Martín, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, explica que "los hospitales que marcan esa frontera de eficiencia son los que producen lo máximo con los recursos que utilizan, es decir, son los mejores, la referencia".
A la vista de los resultados obtenidos en el periodo 2010-2012, cabe preguntar si está justificada la campaña política lanzada por los defensores del monopolio público en la gestión de la sanidad y que ha elevado su presión al firmar el reciente acuerdo presupuestario entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos con el objetivo de "blindar el carácter universal, gratuito y público" de la sanidad y derogar, en última instancia como pretende la formación morada, la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud de 1997.
Los datos recogidos en el estudio sugieren más bien que se trata de una defensa de los intereses de los propios funcionarios representados por sus fuerzas sindicales. Y es que, como se subraya en el estudio, "la dotación de personalidad jurídica al hospital del SNS supone someterlo a un marco jurídico y de gestión mucho más flexible que el que caracteriza a los hospitales tradicionales".
Los investigadores sostienen que "el marco estatutario de relaciones laborales puede constituir un importante lastre para la eficiencia del hospital y, consecuentemente, para el buen uso de los recursos públicos financiados con impuestos". Una conclusión que no puede llamar la atención a nadie porque ya hay literatura, como precisan los autores, que apunta a que "la peor gestión asociada a la propiedad pública de los hospitales puede estar asociada a su política de incentivos". El marco laboral "es extraordinariamente rígido", sostiene José Jesús Martín-Martín. "Es falaz identificar marco estatutario con sanidad pública, ese binomio es falso porque en los países de nuestro entorno ninguno utiliza esa fórmula", asegura.
Momento de reversiones
Contrastan los datos y las conclusiones recogidas en el análisis con las críticas vertidas sobre las distintas formas de gestión introducidas en la sanidad española y que ha llevado en los últimos cinco años a paralizar primero y suspender de forma definitiva los concursos públicos de gestión indirecta de seis centros hospitalarios de Madrid o revertir la concesión del Hospital de La Ribera en el caso de la Comunidad Valenciana.
Lo que es indudable es que el sector privado "tiene más flexibilidad a la hora de utilizar mejor los recursos públicos", admite el catedrático, quien también apunta "el inconveniente que la persecución del beneficio tiene" y que, en su opinión, "debe ser muy controlado por el regulador", admite.
